Charles Carrera  

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Sobre los concursos en la carrera judicial

Miércoles, Diciembre 9, 2020

En la media hora previa de la sesión del Senado, presentamos nuestra preocupación por el tratamiento que está dando la Suprema Corte de Justicia a la Ley 19.830 que habilitó el concurso obligatorio y regula el proceso de ingreso, ascenso y traslados de los jueces, presentando un recurso de inconstitucionalidad sobre la misma. A continuación nuestra exposición en cámara:

Montevideo, 9 de diciembre de 2020
Cámara de Senadores

"Señora Presidenta,

Hoy deseo plantear un tema de enorme preocupación e interés!

Hace unos días, nos enteramos de una noticia que realmente termina de preocuparnos profundamente. Digo “termina de preocuparnos profundamente” porque desgraciadamente no nos llamamos a sorpresa, ya que venía siendo anunciado por parte de algunos de sus promotores. Me refiero a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 19.830 que habilitó el concurso obligatorio y regula el proceso de ingreso, ascenso y traslado de los jueces. Nos preocupa en todo sentido y de la forma más amplia y contundente. Ya que existen argumentos jurídicos, sustanciales y de lógica y sentido común, para entender que lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia no es ajustado a Derecho.

Primero, podríamos mencionar que la Ley Orgánica de la Judicatura y de organización de los tribunales Nº 15.750, que regula aspectos que hacen a la organización del Poder Judicial, nunca fue declarada su inconstitucionalidad y ni siquiera fue impulsada por la propia Suprema Corte de Justicia. Los argumentos esgrimidos, en cuanto a que se estaría violando con la Ley Nº 19.830, el artículo 239 de la Constitución de la República, que establece que es la Suprema Corte de Justicia es quien debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, por el hecho de regular la carrera administrativa de los Jueces, brindándole transparencia al sistema de ascensos y traslados, resulta un desconocimiento hacia atrás de toda la normativa regulatoria de la Administración de Justicia que haya sido consagrada a través de una Ley, incluida la propia Ley Orgánica de la Judicatura y de organización de los tribunales Nº 15.750.

Resulta un verdadero contrasentido, pero como dije anteriormente, no cabe únicamente citar aspectos jurídicos, sino que cabe ir al fondo del asunto, donde juegan otras valoraciones sustanciales y otras tan obvias que hacen a lo que debe ser el sentido común en un Estado Democrático. Otras valoraciones jurídicas nos llevan a analizar como debería resolverse una acción de inconstitucionalidad, cuando los interesados son justamente quienes deben resolver el asunto de fondo. Y resulta bastante lógico que no corresponde que alguien sea Juez y Parte en su propia causa, hay asuntos, que tienen que ver con el salario, con la carrera administrativa, que deberíamos ver otra forma de resolverlo. Como se sabe, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que se realice un sorteo para designar al Tribunal que resolverá el caso, en aplicación de la Ley 15.750. Sin embargo, el Decreto Ley N° 10344, en su Artículo 41 consagra otro sistema de integración de la Suprema Corte de Justicia, cuando existan impedimentos para resolver un caso concreto, con letrados provenientes de una lista de veinte formulada por la Asamblea General cada dos años. Quiero destacar, señora presidenta, que no existe una posición armónica respecto de la vigencia de este artículo. Lo cierto es que no hay norma expresa que lo haya derogado y por tanto, podría aplicarse. En todo caso y hablando en términos políticos, debemos decir que esta solución nos parece mucho más justa y razonable porque garantiza mucho más la imparcialidad, a la hora de resolver un caso, donde justamente está involucrada, nada más ni nada menos, que la propia Suprema Corte de Justicia. Tal vez, señora presidenta algún día debamos discutir la implementación del sistema de Conjueces, que tiene sus ejemplos y su aplicación práctica en Derecho Comparado. Los Conjueces son abogados nombrados por las Corporaciones Judiciales, para actuar como magistrados, cuando por ejemplo, existe un impedimento o en una recusación. Este sería un buen caso a ser resuelto por el Instituto de Conjueces. Pero en todo caso, nos parece oportuno recordar la posibilidad de que en este caso se hubiera aplicado el Artículo 41del Decreto Ley N° 10344.

Vayamos por parte, porque los aspectos sustanciales deben ser analizados desde la raíz de las cosas. Y en este caso, la raíz nos remite justamente a los Constituyentes de 1830, quienes concibieron el Estado Democrático Republicano que hoy tenemos. José Ellauri en su discurso de fundamentación del proyecto de Constitución se refirió al Poder Judicial. Afirmó Ellauri el 6 de mayo de 1829: “En cuánto a los derechos a reservar a los ciudadanos, ellos se ven diseminados por todo el proyecto. Se ha procurado tener a la vista las constituciones más liberales y las más modernas, para tomarlas por modelo en todo aquello que fuese más adaptable a nuestra situación (…) El Poder judicial, cuya completa organización se deberá a las leyes secundarias, se ve en el proyecto constituido en tal independencia, que ella sola basta para asegurarnos que no serán en lo sucesivo los hombres quienes nos juzguen, sino las leyes.” Dicho por uno de sus más notorios constituyentes: la organización del Poder Judicial se deberá a las leyes secundarias. Así lo dijo y lo expresó Señora Presidenta, “las leyes secundarias” como elemento fundamental para la organización del Poder Judicial.  Pero no solo eso, hay más: La independencia la concebía como un elemento que asegurara que en lo sucesivo no sean los hombres quienes nos juzguen, sino las leyes. Profundas palabras del constituyente que terminan de echar por tierra cualquier argumento, que pretenda quitarle a este Poder Legislativo (como legítimo representante del pueblo) el derecho de regular aspectos fundamentales de otros Poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial.

Quiero recordar, señora Presidenta, que esta Ley fue aprobada por todos los Partidos Políticos en esta Cámara de Senadores. Todos los partidos integrantes de este cuerpo, en la legislatura pasada, entendieron la necesidad de darle transparencia a la carrera judicial, garantías a los Jueces que son quienes día a día se enfrentan a los problemas de la gente y deben impartir justicia en los lugares más recónditos del país. Entiendo que hoy, más que nunca, debemos comprometernos con la Justicia. Es un mandato que tenemos todos quienes integramos esta casa.

Pido que mis palabras vayan a la Comisión de Asuntos Administrativo de la Cámara de Senadores.

Eso es todo, señora Presidenta."

Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP - Espacio 609 - Frente Amplio