Susana Pereyra  

Programa Alquiler Social, Convenio MVOTMA/IMM.

30/07/2019

El pasado 29 de julio, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo, firmaron un Convenio  que dio lugar al Programa piloto de Alquiler Social en el que se construirán 120 viviendas. Las mismas beneficiarán  aproximadamente a unas 1000 personas. Se utilizarán cuatro predios de la Ciudad Vieja, padrones seleccionados por  el Ministerio y la Intendencia, con los criterios de: capacidad edilicia, ubicación en área central, situación de propiedad, estado de ocupación, además de tener presentes las condiciones normativas y patrimoniales. Tres de ellos están en proceso de licitación y las ofertas serán abiertas en los próximos días.

Este programa es el resultado de la acumulación de desarrollo normativo y de políticas que se vienen trabajado, en el marco de una estrategia nacional de acceso al suelo urbano, dirigido a la recuperación de espacios urbanos degradados. Ésta se inscribe en una planificación urbana territorial que se impulsa desde el Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales.

Hay antecedentes políticos e instrumentales en los que hemos trabajado durante este período, que permiten que se implementemos un programa piloto de estas características. Por ejemplo la Ley de Inmuebles Vacíos y Degradados, mediante la cual se pudo acceder a los padrones a intervenir. La Ley de Subsidio a la Demanda Habitacional asegura la permanencia de las familias en las soluciones habitacionales que será utilizada en el Programa de Alquiler Social.

Los objetivos del programa son muy claros: en primer lugar, generar una nueva alternativa de acceso y permanencia a viviendas adecuadas por parte de las familias, en la modalidad de arrendamiento asistido, siendo la forma de pago acorde a los ingresos y la composición familiar.  En segundo lugar, recuperar y rehabilitar los inmuebles vacios y/o degradados en las áreas urbanas consolidadas. Éste es un nuevo instrumento que forma parte de una estrategia general y de un conjunto de acciones dirigidas y definidas a atender las necesidades de vivienda y asegurar el derecho a la ciudad, para toda la población.

Tenemos claro que el derecho a la vivienda adecuada es parte de un concepto más amplio y complejo que es el derecho a la ciudad, lo cual se corresponde con el primero de los objetivos de este programa, potenciar las aéreas urbanas consolidadas para la implementación de viviendas.

El convenio establece la cooperación entre ambas instituciones, así como la instalación de una comisión paritaria de seguimiento que establecerá los criterios específicos para el acceso de las familias y la permanencia en las viviendas que se construyan por este sistema.

El Programa será financiado, por el BID (70%) y el Gobierno Nacional (30%), a través del Fondo Nacional de Vivienda. Las obras podrían iniciarse a fin de año y se extenderían entre 24 y 30 meses, ya que el llamado a los interesados de este programa se realizará cuando el avance de obra sea un 70 % aproximado, estimándose fines del 2021.

Nosotros entendemos que la vivienda y el entorno tienen una fuerte incidencia en la construcción de una sociedad integrada. Tenemos la convicción política que es tan determinante la vivienda y el hábitat para el desarrollo personal y comunitario, que no podemos librar únicamente a las capacidades de los ciudadanos el acceso sino que el estado debe garantizarlo y en eso estamos trabajando.