Cecilia Bottino  

Ni una menos

10/06/2015
 
El pasado miércoles 3 de junio hubo una movilización masiva en varias ciudades de nuestro país, entre ellas Paysandú, manifestándose en contra de la violencia de género, con la consigna “Ni una menos”, por lo que desde mi lugar como Representante Nacional he decidido aportar a esta causa con este artículo. 
Existe un flagelo en nuestra sociedad que está provocando que en lo que va de este año 19 mujeres hayan sido asesinadas a mano de sus exparejas, siendo su propio hogar el lugar más inseguro para estar. El término feminicidio, utilizado varias veces en estos días, se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Debemos enfatizar en todos los ámbitos que este es un problema político y social, que implica una grave violación a los derechos humanos ante el cual el Estado tiene la obligación de garantizar su plena vigencia y aplicación, indispensable para que el ejercicio de los derechos ciudadanos sea realidad. 
La violencia contra las mujeres es social, resultado de la inequidad de género existente a través de pautas sociales que mantienen la desigualdad entre géneros y que naturalizan la violencia. Se debe generar mayor conciencia y sensibilidad en la sociedad a través de amplias campañas de concientización que problematicen y expongan la temática, ya que entendemos que conocer la realidad es el primer paso para cambiarla. 
A nivel parlamentario, como presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, asumí el compromiso de seguir trabajando en crear un marco jurídico fuerte y eficaz, y además que se logre posteriormente la aplicación efectiva de la legislación. Desde mi participación en la Bancada Bicameral Femenina, integro el subgrupo de trabajo que se encuentra analizando particularmente la problemática de la violencia doméstica, evaluando como se aborda la violencia en nuestro marco jurídico para detectar vacíos y contradicciones. 
Tenemos además un gran desafío por delante que es la aprobación de un nuevo Código Penal, el que tendrá que tener incorporado el enfoque de género y donde los aportes que se han hecho desde las organizaciones sociales así como desde la academia y organismos internacionales van a ser fundamentales para lograr tal objetivo. 
Expresada la voluntad política, debemos avanzar en construir las alianzas necesarias dentro del Parlamento, a los efectos de lograr el marco jurídico necesario que, contemplando las recomendaciones internacionales, permita alcanzar la protección integral que mujeres, niñas, niños y adolescentes merecen, para tener una vida libre de violencia, asumiendo la responsabilidad que como Estado tenemos frente a este tema.