Sebastián Sabini  

¿Es necesario reformar la Constitución?

06/07/2016

 

En los últimos veinte años se reformó o propuso reformar la Constitución por diversos temas, descontando la protección del agua, ninguna de esas reformas propuso a una modernización sustancial de nuestra Constitución. Ella tiene elementos positivos en materia de Derechos, y ha permitido avances, pero también los ha bloqueado: contiene instrumentos que fueron pensados para la defensa de los propietarios de tierras y de los propietarios en general. Si tiene elementos modernos, también los tiene anacrónicos. Sorprende que ante la propuesta de discutir estos temas las respuestas que encontramos sea “quieren cambiar la constitución para mantenerse en el poder” y “estamos en crisis y no es tiempo de discutir una reforma”. Esconden un conservadurismo radical. Parece una broma de mal gusto que quienes impulsaron una reforma en 1997 únicamente para detener el avance de la izquierda nos digan que esas son nuestras intenciones. Mienten. Sobre lo segundo, quisiera recordar que reforma de 1967 se llevó adelante en medio de una de las crisis económicas más prolongadas que conoció el Uruguay, está claro que esa no es la situación actual, aunque enfrentemos dificultades, estamos en condiciones de dar un debate democrático. Es clave poner sobre la mesa cuales son los aspectos que pretendemos reformar, y si la oposición se niega a discutir, lo haremos con la sociedad toda. A cuenta de más, un repaso sumario. Los Derechos Humanos. Nuestra constitución reconoce el derecho a la salud, la educación, la vivienda, a la vida... ¿no se debería reconocer también el derecho a la salud sexual y reproductiva? ¿la matrimonio igualitario? ¿A constituir una familia con quién quiera? ¿No se deberían fortalecer los derechos de participación política y social de la ciudadanía en temas sensibles, más específicamente, en la toma de decisiones? El reconocimiento de la nueva agenda de derechos es una condición sin igual para un nueva constitución, porque la sociedad se ha transformado y se tiene qye dar cuenta de ello. En segundo lugar, miles de uruguayos viven en el exterior (en base a Cabella W. y Pellegrino A., 2005) , muchos se fueron por razones políticas, otros por exilio económico, algunos a buscar otras vidas. En los hechos cualquier uruguayo que cuente con los recursos económicos puede venir y votar. Reconocer ese derecho es ampliar la ciudadanía a los uruguayos que no cuentan con recursos: el ejercicio del voto no se puede reducir a las posibilidades económicas de los ciudadanos. Otro elemento a discutir es la democratización del acceso a la justicia. Mientras se ha desarrollado un proceso de transparencia en el acceso al Estado, el Poder Judicial ha estado ausente, lo cual impide desarrollar un Poder Judicial independiente de las corrientes políticas o locales, que sea eficiente, imparcial y eficaz. Incluir en la constitución esas garantías de acceso parece algo no solo lógico, sino imprescindible. Sin un acceso equitativo a la justicia no se puede hablar de una verdadera democracia. En relación a la democracia representativa, parece que hay al menos dos instituciones que debemos discutir: la existencia de dos cámaras y el veto presidencial. Ambos vestigios de una política pensada para élites. Nuestra posición es clara: una única cámara que legisle, eso daría eficiencia procesal (con un fortalecimiento de las comisiones asesoras) y quitamos una institución de origen aristocrático como lo es el senado. En segundo lugar creemos que el veto presidencial es un exceso de poder que tienen los presidentes en nuestro país (que tiene origen monárquico). No parece lógico que una persona por sí misma pueda tener más legitimidad que el cuerpo de representantes de la nación. Un elemento clave para la discusión será la exoneración de impuestos que hoy contempla la constitución para las instituciones religiosas y de enseñanza privada. La actualidad impone un análisis de la situación, tanto por los abusos que se han registrado como por la inequidad que ella supone. En relación a la ética y la transparencia pública, es posible dar rango constitucional a la publicidad de los patrimonios de los que ejercen el poder público. También el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuenta, se han creado infinidad de nuevas empresas “publicas” de derecho privado que carecen del control necesario, debemos revertirlo. Otro aspecto clave del desarrollo democrático de nuestro país tiene que ver con el surgimiento del tercer nivel de gobierno electivo, un cambio de esa dimensión también debe ser tenido en cuenta en un nuevo texto constitucional. El medio ambiente y su preservación por parte del Estado deben estar claramente establecidos. Hay normas en este sentido, pero las mismas deben ser más explicitas en cuanto a las responsabilidades del Estado y los privados, que operan sobre el Medio Ambiente. Por último, la constitución debería consagrar otras formas de propiedad además de la privada, como lo es la cooperativa, social, y autogestionaria, dando cuenta también de nuevas realidades de desarrollo productivo. También consideramos que se pueden establecer los Consejos de Salarios y la negociación colectiva con carácter constitucional. Hace demasiados años que Uruguay no debate profundamente el acuerdo constitutivo entre los ciudadanos, no nos detengamos en los procedimientos de reforma, discutamos la reforma que necesitamos para ser un país más justo, igualitario y democrático.