Susana Pereyra  

Gestión Integral de Residuos

04/09/2018

        El objetivo fundamental de este Proyecto de Ley es la protección del ambiente. Adoptar un modelo de desarrollo sustentable, comprendido desde el concepto de Economía Circular, donde se reconozcan los residuos como recursos con la capacidad de ser reutilizados y reciclados, para generar valor. Dar una segunda oportunidad a los materiales y desde ahí desarrollar nuevas estrategias de trabajo y negocios, abordando así no sólo los aspectos ambientales sino también la dimensión social, fuertemente asociada a la informalidad y exclusión.  Un cambio estructural en el modelo.  Se busca un sistema que tanto a nivel nacional como departamental tenga sostenibilidad económica, lo que hace que perdure en el tiempo, una visión nacional coordinada a nivel departamental.
          Este Proyecto de ley emerge de un gran proceso participativo, debido a su gran complejidad dimensional, que va desde lo ambiental y el desarrollo económico hasta la inclusión social; según DINAMA participaron 28 organizaciones a traves de  60 representantes, y con algunos de estos grupos se trabajo de forma  estratégica, como la Cámara de Industria, Ucrus y el Congreso de Intendentes.

          El volumen de residuos en nuestro país ha venido aumentando de forma sostenida debido al crecimiento económico y a la lógica de “úselo y tírelo”. Estamos tirando literalmente dinero, ya que muchas de las cosas que nos desprendemos son  materiales que podrían tener mayor vida útil, entonces debemos ir en la búsqueda de alternativas dando real importancia a aprender a consumir de forma inteligente, sustentable, lo cual es imprescindible para lograr el desarrollo sustentable/sostenible en el transcurso del tiempo. Incorporando las dimensiones de inclusión social y laboral, que permitan la inserción real de los trabajadores que se encuentran en la informalidad total, ya que la mayoría de los procesos de reciclado y valorización de residuos son emergentes y son realizados en su mayoría a través de trabajadores en situación de enorme vulnerabilidad social y exclusión.

         Debemos contar con una Ley de Gestión Integral de Residuos que fije la política nacional y  establezca las directrices a desarrollar, para integrar todas las etapas del ciclo de vida de los residuos y reconocer a los clasificadores como un grupo clave en los diferentes procesos. Se propone un conjunto de herramientas para profundizar la discriminación positiva hacia los clasificadores, priorizandolos en la asignación de  los nuevos puestos de trabajo, transitando hacia su  formalización.
La formalidad en el trabajo repercute sobre la calidad laboral e impacta de forma positiva sobre el núcleo familiar. Todos los planes de gestión integral de residuos,  tanto de carácter nacional como departamental, deberán contemplar el proceso de inclusión social  para su aprobación.

          Si bien hay varias leyes y decretos vigentes, es necesario establecer una Política Nacional sobre Residuos, en el marco de la Ley de Protección del Ambiente, declarándose el interés general entorno a la  minimización de  los mismos y el adecuado manejo de las sustancias definidas como tóxicas o peligrosas.
          Necesitamos una política que modifique la estructura de la actual gestión de residuos, por una de carácter integral, que genere instrumentos sostenibles y definidos, claros en sus competencias, roles, responsabilidades institucionales y empresariales, además de  ciudadanas. En el ámbito departamental es muy variada la normativa y es abordada desde distintas perspectivas, como  la higiene y estética de las ciudades careciendo de un enfoque integral.  La misma refiere únicamente a recolección y lugares de deposición, siendo casi inexistentes las políticas de prevención, reciclaje o valorización. Esta situación dispar entre los departamentos impacta sobre la actual política nacional de residuos, siendo está ineficiente y poco articulada.

          Un aporte importante de este Proyecto de Ley es su tipificación  sobre los residuos, para tener claro qué es qué y qué es responsabilidad de quién. Tenemos los residuos domiciliarios y los que surgen de la limpieza de los espacios públicos, ambos responsabilidad de las Intendencias. Después,  los  generados en las diversas actividades económicas, a excepción de la minera, que tiene su propio protocolo; también los residuos de la atención en la salud y los de las obras de construcción, así como los suelos contaminados y sedimentos. 

          Es importante para este Proyecto de Ley comprender el concepto de Responsabilidad Extendida; éste trata de que los productores e importadores se hagan cargo de los residuos, de lo que producen o importan en todas las etapas, y esto se realiza mediante instrumentos políticos de carácter administrativo o económico.
Sobre los residuos que derivan del consumo masivo, o que por sus propias características necesitan un tipo de atención/gestión especial, tales como los de envases y embalajes,  eléctricos, neumáticos,  aceites, entre otros, la  recuperación/reciclaje u otras formas de valorización son costeadas por los importadores  y/o productores, generando así un sistema especifico de recolección selectiva. Las variabilidad de los valores de los materiales reciclados no impactara el  desarrollo ni a la consistencia del sistema.

         En la búsqueda de planificar, coordinar y articular los ámbitos nacional/departamental, se crea el Plan Nacional de Gestión de Residuos como el instrumento de planificación a nivel nacional a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este plan  promueve la planificación de los Planes Departamentales de Residuos.
          Todos los Planes de gestión de residuos o cualquier tipo de actuación en  la materia, deberán tener en cuenta la prevención y valorización de los residuos, es decir:  promover el uso de materiales más duraderos, buscar la mejor relación entre eficiencia energética y producción, utilizar envases retornables, sustituir los materiales de producción por reciclados, pensar en la producción de energía de forma no tradicional, también innovar en los diseños de productos en base a reutilización, y reciclado de materiales, entre otras cosas. Todo generador será responsable, y como tal de sus residuos y como tal del flujo y destino de los mismos, para facilitar los sistemas de valorización y  poder reducir impactos, además de la escala de residuos.
 

          Para instaurar este sistema de gestión integral se crea un fideicomiso, el Fondo Nacional de Gestión de Residuos (FONAGRES), que brindará financiación a los sistemas de recolección selectiva, a la clasificación, al transporte y a la valorización de los residuos especiales generados por productos gravados por el IMESI. También abordará los mecanismos de control y monitoreo, asistencia técnico/financiera para mejorar la operativa que realizan los gobiernos departamentales y desarrollar contenidos educativos para promover el consumo a conciencia, además de nuevas tecnologías y diseños de productos.  Esta es una ley que brinda un marco teórico-jurídico para lograr una gestión sostenible, que impulsa un modelo de gestión integral, que recorre todas las etapas e incluye a la dimensión social de forma protagónica, además de la ambiental y económica.

          Es necesaria la integración y articulación de varios actores de la sociedad, tanto privados como públicos, con un gran sentido de compromiso. Queremos sea este un proyecto de ley no sólo capaz de minimizar la generación de residuos y lograr el máximo reciclaje, lo que se traduce en mejoras sustanciales de variables ambientales, sino que también colabore con el desarrollo productivo  y a la dignificación del trabajo.