Lilián Galán  

Fundamentación en contra de la LUC

02/07/2020

Las características de este proyecto que estamos tratando hoy en esta Cámara hacen imposible que cada legislador pueda expresarse sobre todos los contenidos de la misma. Cuando llegue el momento de tratar el articulado seguramente me expresaré sobre alguno de los aspectos de la misma, pero no es una ley, son cambios a más de 20 políticas públicas de gran envergadura, las que vamos a tratar.
Por lo tanto, no puedo dejar de expresar mi rechazo una vez más a la pérdida de calidad democrática con que la coalición de gobierno inaugura este período de gobierno.
El Frente Amplio trató infructuosamente de que la coalición recapacitara, y no presentara todo su programa de gobierno para considerarlo en pocos días.
Que una ley sea correctamente discutida, no sólo depende de los tiempos de los legisladores, sino de la posibilidad de que la sociedad se exprese, cuanto y cómo lo desee. Y también que los legisladores seamos receptivos a sus opiniones: no nos eligen para que seamos un consejo técnico-jurídico por 5 años, somos representantes. La enorme heterogeneidad de los temas que contiene esta ley y el plazo perentorio para su aprobación, bastardean nuestra función.
Es inaudito que estemos tratando una ley, para la cual el adjetivo “ómnibus” sinceramente no le hace justicia. ¿Una flota de ómnibus quizás?
Y no lo decimos solo nosotros desde el Frente Amplio, lo reconoce el propio Poder Ejecutivo, pero en Inglés!
En el documento redactado por el Poder Ejecutivo en Junio de 2020 “Institutional Investor Presentation” (Presentación Institucional para Inversores, sería la traducción?), dice en su página 14 que, “El gobierno sigue adelante con una agenda de reformas ambiciosa respaldada por la mayoría política en el Congreso”
Para luego aseverar que: “A pesar del brote de Covid-19, el Gobierno avanzó y presentó al Parlamento  una “omnibus bill”

Seguramente como el documento está dirigido a inversores extranjeros, se hace referencia a una denominación que conozcan bien, porque este tipo de mecanismo legislativo ha sido largamente analizado (negativamente) por distintos expertos en ciencia política, y cito textualmente:
“las omnibus bills son piezas legislativas inconvenientes para la democracia porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado. El tema ha sido largamente debatido en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde aparecieron las primeras leyes ómnibus, llegándose a la conclusión de que las decisiones que se toman por esta vía, restringen las posibilidades de un debate adecuado. Dado que una sola norma apunta a modificar el statu quo de varias políticas públicas a la vez, el análisis profundo y meditado por comisiones especializadas se vuelve improbable”.
La cita anterior corresponde a un documento titulado “Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay”, del 30 de setiembre de 2019, originado en el Programa de Estudios Parlamentarios, de Facultad de Ciencias Sociales, con el cual este mismo Parlamento ha celebrado convenios de colaboración.

O sea, está claro que no podemos decir que no estemos advertidos que proceder de este modo es profundamente inconveniente, o que este tipo de error, no se haya cometido antes.
Hasta hay experiencia internacional que lo corrobora.

El mismo documento, dice que: “ El mecanismo de urgencia legislativa, introducido en la Reforma Constitucional de 1967, fue diseñado en una coyuntura histórica muy concreta. Uruguay era gobernado por un colegiado que lucía inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país (estancamiento, inflación, movilización social, etc.).
Los partidos políticos, por otra parte, se encontraban fuertemente fraccionalizados como resultado de la renovación forzada de liderazgos (habían fallecido Herrera, Batlle Berres, Nardone y Gestido) y mostraban una muy frágil cohesión en el Parlamento.
Inspirados en la Constitución de Charles de Gaulle de 1958, (…), los reformistas uruguayos idearon el mecanismo de Urgente Consideración como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un parlamento dominado por partidos fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir del ultimátum de la aprobación automática, era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada”.

No sé si hasta aquí, los legisladores presentes encuentran alguna semejanza con la situación actual, en todo caso agrego, el comentario que este mismo informe hace sobre las “leyes ómnibus” dentro de la categoría de proyectos de Urgente Consideración, plantea:  “la combinación
de una ley ómnibus con la urgente consideración, vulnera las exigencias mínimas de calidad del Poder Legislativo”.

Dice además que, de 13 proyectos presentados bajo este mecanismo entre 1985 y 2019, 3 pueden calificarse como leyes ómnibus, es decir, una sola ley que se ocupe de modificar varias políticas públicas.
De estos 3 casos, el primero ocurre bajo el gobierno de Lacalle Herrera….(!) en una alianza en la que participaron los sectores herreristas, y dentro del Partido Colorado, el pachequismo, y los sectores que respondían a Sanguinetti y Jorge Batlle.
Las otras dos, fueron aprobadas bajo el gobierno de Jorge Batlle, siendo aún más heterogéneas que la del gobierno de Lacalle, y también contaron con el apoyo de una coalición del Partido Colorado y el Partido Nacional.

No es casual que volvamos a asistir al uso de las mismas herramientas, cuando se trata de volver atrás en el modelo social y político en este país. Un auténtico retroceso que no sólo se apoya en la LUC, sino que ésta es solo una parte del Puzle que habilitará el retroceso, desde un modelo de crecimiento con distribución, ampliación de derechos y participación ciudadana; desde un modelo que fortaleció el estado y las políticas públicas en defensa del patrimonio del país y la protección a los más débiles; al viejo y conocido liberalismo, al Estado mínimo y débil, a los abundantes ejemplos de jerarcas encuadrables en el fenómeno de las puertas giratorias.

Debemos decir que si bien la presente Ley es tremendamente heterogénea, (ya lo analizará a futuro el Programa de Estudios Parlamentarios, supongo), hay una coherencia indudable entre la reducción del Estado, la pérdida de derechos y la instalación de la mano dura.
No hay ajuste e imposición de un estado liberal y excluyente sin una contracara de represión.
Pero, es claro que la URGENCIA de la LUC está dada por lograr aprobar el mayor número de ajustes posibles al modelo, antes de que la coalición se derrumbe, y antes que el campo popular se rearme para afrontar esta nueva etapa.
Queda claro que hay enormes incomodidades a la interna de la coalición, las manifestaciones exteriores las pudimos ver aquí, cuando en varias ocasiones los artículos cambiaron para satisfacer a alguno de los socios.
Hay que reconocerles el enorme esfuerzo que están haciendo aún por permanecer unidos.
Tienen enormes dificultades para encontrar los perfiles adecuados para las múltiples tareas de gobierno, y ya no son pocos los casos de renuncias y ceses. Directores, Presidentes de distintas entidades públicas, y hasta un Ministro.
Créanme que los entiendo, no les debe estar siendo fácil…
Y para finalizar, quiero reafirmar la idea de que la LUC es sólo una pieza más del puzle para rearmar el Modelo regresivo:
-está la ley de medios,
-el Instructivo de OPP a las empresas públicas imponiendo las reglas para los presupuestos,
-el Decreto 90/20, que impone un recorte del 15% al gasto público, en forma arbitraria y sin estudio previo,
-el nuevo “estilo” de relacionamiento internacional impuesto desde presidencia de la República
y podríamos seguir…, pero creo que para dar una primer opinión general respecto a esta Ley ómnibus, ya es suficiente.