Charles Carrera  

Con sentido ético

Viernes, Octubre 12, 2018

Estatuto de Ética en la Función Pública

En estos días estamos presentando en el Senado, en conjunto con otros compañeros/as, un Proyecto de Ley que busca sistematizar en un único cuerpo normativo, un estatuto donde se establezca un Código de Ética en la función pública que sea aplicable a todo el Estado; donde se incluyan los tres poderes, los tres órganos de creación constitucional, (léase Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral); Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y las Personas Públicas no Estatales.

A sabiendas que no contamos con las mayorías necesarias para establecer una norma de estas características -ya que necesitamos 2/3 conforme el artículo 64 de nuestra Constitución- deseamos iniciar el proceso  para que el Estado Uruguayo se de a sí mismo una norma integral, (y absolutamente necesaria), que imponga un marco de conducta y parámetros de acción a los funcionarios públicos.

A modo de presentación

Como sabemos, la formación y el desarrollo del Estado ha implicado desde nuestros orígenes, un proceso dinámico, evolutivo y constante. De esta manera, se fueron creando organismos y reparticiones con funciones ampliadas, las que fueron variando en cuanto a competencias y finalidades. Esta construcción fragmentada, propia de las transformaciones que ha tenido el Estado en cuanto a dimensiones y complejidad, trae consigo la necesidad de sistematizar aspectos normativos que deberían comprenderlo en su totalidad.

Bajo ese paraguas normativo, deberían estar presentes las reglas relativas al buen ejercicio de la función pública, lo cual, siendo un aspecto común y propio del Estado en su conjunto, debe extenderse también a las Personas Públicas no Estatales. Estos aspectos son los que pretendemos unificar y sistematizar dentro del mismo cuerpo normativo, para lo cual proponemos un proyecto de ley que cumpla con dicha función. Un proyecto de ley que unifique y sistematice de manera integral la actuación dentro de la función pública.

En este sentido, las principales fuentes que toma este proyecto son el Decreto 30/003 del 23 de enero de 2003, (dictado en el marco de la Ley 17.060 del 23 de diciembre de 1998), y la Ley 19.121 del 20 de agosto de 2013, ambas con diferente jerarquía normativa y ámbitos orgánicos de aplicación.  Consideramos acertado que se tome un concepto amplio de funcionario público, que ponga su énfasis en el aspecto funcional-material de tal calidad, independientemente de sus peculiaridades.

Entre los puntos que representan innovaciones propuestas en este proyecto de ley, destaca la ampliación del concepto de “corrupción”, pues en materia de normas administrativas el mismo aparecía más identificado con la conducta del corrompido, omitiéndose la previsión de consecuencias en el ámbito administrativo respecto del corruptor. Si bien desde el punto de vista penal, la hipótesis del corruptor está prevista en el Artículo 159 del Código Penal bajo el delito de “soborno”, se entiende necesario un correlato en la vía administrativa respecto de la conducta de quien pretende corromper, induce a corromper o efectivamente corrompe al funcionario público. 

Otro aspecto a resaltar está en las normas que consagran sistemas de rendición de cuentas, prohibiendo el manejo de fondos públicos en forma distinta a los legalmente autorizados, incluyendo el uso de tarjetas de crédito corporativas. Además, se proponen una serie de normas que rigen la conducta de los representantes de una Persona Pública, (tanto estatal como no estatal), en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el Derecho Privado, que esté integrada total o parcialmente por éstas; así como las personas físicas y jurídicas designadas como fiduciarios, en un fideicomiso en el que una Persona Pública Estatal o no Estatal sea fideicomitente o beneficiario.

Otro punto importante es la incorporación de normas de conducta para los representantes del Estado en entidades y emprendimientos privados. En este sentido, se propone que los representantes de toda Persona Pública Estatal y no Estatal en la dirección de una sociedad, asociación, consorcio o entidad de cualquier naturaleza regulada por el Derecho Privado, cumplan con una serie de deberes, como por ejemplo, velar por el interés público comprometido, actuar con probidad, buena fe, lealtad y legalidad debida, entre otros. 

Cabe destacar en especial lo establecido en el capítulo correspondiente a las prohibiciones donde se establecen limitaciones a la discrecionalidad de los funcionarios públicos (prohibición de contratar con el organismo al que pertenecen; intervenir por razones de parentesco; intervención por terceros como gestores, profesionales o intermediarios; entre otras).

Asimismo se establece la obligatoriedad de emitir declaración jurada de implicancias -con plazo de 60 días a partir de la vigencia de la ley-  para aquellos funcionarios que tengan alguna con el organismo en el que cumplen funciones, debiendo resolver la situación el jerarca correspondiente.

Finalmente, cabe destacar que este proyecto de Ley se orienta a cumplir integralmente, los mandatos contenidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que fuera ratificada por el Estado uruguayo por la Ley 18.056 de fecha 20 de noviembre de 2006.

La ética debería ser una cualidad intrínseca del individuo que hiciera innecesaria cualquier norma, sin embargo se impone estamparla claramente en una ley que impida o sancione cualquier desvío, devolviendo a la función de los agentes del Estado su esencia principal de servidores públicos.

Descargar proyecto

                                                               Dr. Charles Carrera Leal
                                                                Senador de la República
                                                      MPP - Espacio 609 - Frente Amplio