Lilián Galán  

AVANZAR RETROCEDIENDO

17/06/2020

Como es sabido estamos en este momento discutiendo la LUC a nivel de la Cámara de Diputados. También sabrán los lectores, que el FA acompañó varios de los artículos de esta Ley, no obstante rechazarla en general, por considerarla inconveniente (porque no son los temas que esta Ley trata, ni siquiera cercanos a las urgencias reales que vive el país); ni ceñida a la Constitución.
El FA ha sido muy explícito al respecto: se bastardea una herramienta pensada para tratar una eventual solución legislativa a UNA EMERGENCIA nacional.
Ya la enorme dispersión de temas alojados en la LUC, son prueba suficiente de que no se trata de atacar UNA emergencia, sino de aprobar antes de que la débil coalición gobernante se despedace, el programa que más o menos han pergeñado entre todos los socios multicolores. (y decimos más o menos, porque es claro que muchos de los temas que vinieron en la LUC, y luego no consiguieron ni los votos de la propia coalición, son meras aspiraciones del herrerismo, que los restantes socios rechazan).
Hemos dicho en otras ocasiones que la LUC es una parte del puzle con que el gobierno intenta volver al modelo de los 90. Las pruebas al respecto son innumerables, pero para mencionar un ejemplo, mientras en la LUC, se retrocede en materia de transparencia en la gestión de activos, (cambios varios a la Ley de Inclusión Financiera aprobada por el gobierno del FA), por Decreto, la Presidencia baja los requisitos de residencia, para “nuevos inversores”, apuntando a la vieja estrategia de que argentinos ricos vengan a refugiar sus capitales a Uruguay.
Pero hoy queremos referirnos a los temas relativos al ambiente: La creación del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), es una de las iniciativas que contó con los votos del FA en la Cámara alta. Por cierto, es una señal positiva que el Ambiente sea un tema de preocupación. Darle rango ministerial en forma independiente, permitirá identificar a los responsables políticos y a las áreas funcionales encargadas de los distintos temas que abarca. Hasta aquí   el avance al que alude el título, pero lamentablemente este avance viene acompañado de, al menos, dos retrocesos que hemos podido identificar; uno de ellos incluido en la propia LUC. Estamos hablando en los cambios legales introducidos en la gestión del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP); y el otro viene de la mano con los recortes arbitrarios impuestos en el Decreto 90/020 de marzo de este año.
Cambios en la Legislación de Áreas Protegidas
La legislación vigente permite al Estado la declaración de área protegida a tierras, tanto que éstas sean de propiedad pública o privada. Esto no significa que los privados pierdan la propiedad de sus tierras, sino que deben adecuar la explotación de las mismas a un plan de manejo adecuado para preservar las condiciones únicas, que llevaron a la necesidad de preservarlas.
La primera versión de la LUC que ingresó al Parlamento, condicionaba la posibilidad de declarar un área protegida a que el propietario diera su consentimiento. Y en caso de que ello no ocurriera, el único camino posible sería que el Estado apelara a la expropiación.
Ahora bien, sabemos perfectamente que los recursos monetarios no sobran, ¿qué chance tendrían la ampliación de las áreas protegidas si la única vía para ello fuera invertir millones de dólares en expropiaciones? Yo diría que ninguna. Y en tal sentido opinaron todos los actores que tienen interés de que las áreas protegidas se extiendan.
Y acá abro paréntesis: actualmente hay 17 áreas protegidas, algo así como 1.05% de la superficie terrestre y marina de nuestro país, ¿es mucho o es poco? Para tener algunas referencias en la región, las áreas protegidas de Argentina, Chile y Paraguay, ocupan 2.30, 5.74 y 2.44% respectivamente.
En Nueva Zelanda, que a veces se presenta como nuestro paradigma tecno productivo a seguir, ocupan el  9.67 %.
Pero más aún, en 2010, Uruguay  firmó como país participante del Convenio sobre Diversidad Biológica, lo que se llamó las Metas de Aichi:
  “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente áreas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectado”
Está claro que llegamos a 2020 sin cumplir las metas, que no salimos bien lucidos en el contexto regional, y que con este cambio de reglas propuesto en la LUC nuestra probabilidad de avance es cero.
Pero no termina aquí la historia, en el Senado el articulo al que nos venimos refiriendo fue modificado. La modificación lo que hace es trasladar el poder de veto de los propietarios particulares a los Gobiernos Departamentales. Como arreglo institucional, no tiene sentido que una política de protección del ambiente se subordine a intereses locales. El ambiente no tiene limites nacionales, mucho menos departamentales. Una política de interés general y con compromisos internacionales asumidos, no puede quedar en manos de un Intendente.
Desde el punto de vista político, ya tenemos como antecedente la férrea oposición del Intendente de Treinta y Tres Ramón Da Silva, a la ampliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos que impulsó DINAMA a fines de 2019, no sólo el Intendente, también llegó a DINAMA una nota de la Sociedad de Productores Forestales, oponiéndose a la iniciativa. En total eran seis las empresas forestales que en la Quebrada de los Cuervos tienen terrenos que pueden ser afectados con la extensión del área protegida: UPM, Agroempresa Forestal, Cambiun, Lumin, Pradera Roja y El Bragado. 
Para terminar de armar el cuadro anotemos que en el momento que se redactó la nota antes aludida, el presidente de la Sociedad de Productores Forestales era Carlos Faroppa, quien actualmente ocupa el cargo de Director Nacional Forestal del MGAP.

Desmantelamiento de DINAMA vía Decreto

La otra parte del puzle se presenta en el Decreto 90/020, el cual pretende mediante una serie de recortes al barrer, arbitrarios y sin análisis previo, disminuir el déficit fiscal, porque, según reza en la parte expositiva: (el déficit) “compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”.
Tan racional, como la anunciada medida de recortar gastos de alimentación en Primaria. ¿Será que abaratar en alimentación a los niños no compromete las bases del crecimiento a largo plazo?
Este Decreto provocó reacciones inmediatas, una de las más sonadas fue la de los investigadores y científicos nacionales, de probada y valiosa participación en el escenario de contención de la pandemia.
Pero, en particular, para el caso de la Dirección Nacional del Medio Ambiente DINAMA, que hoy depende del MVOTMA, y que en breve pasará a formar parte del nuevo Ministerio de Ambiente; la aplicación del Decreto significará un duro golpe para las capacidades técnicas de dicha Dirección
El Decreto impone que se reduzca en un 40% los contratos de servicios temporales. Pero resulta que los contratos de servicios representan el 40% aproximadamente de la plantilla de DINAMA.
De estos trabajadores contratados bajo la figura de contratos de servicio, el 97 % ocupan cargos técnicos, profesionales o de conducción. Vale decir, no son funciones accesorias o prescindibles. En algún caso son los responsables por el cuidado de alguna de las áreas protegidas que mencionábamos, más arriba.
No, no hay puntada sin hilo.
Los contratados llevan en promedio más de cinco años desempeñándose en DINAMA. Todos los que alguna vez trabajamos en una empresa o repartición del Estado, tenemos claro que borrar de un plumazo un porcentaje tan alto de trabajadores significa un retroceso enorme para la organización. Con esos trabajadores se van su conocimiento acumulado, sus vínculos externos, en suma, su experiencia.
En situación similar se encuentra la Dirección Nacional de Aguas, DINAGUA, que también pasará a integrar el Ministerio de Ambiente, o, al menos, lo que quede de ella.
En resumen, el gobierno “multicolor” avanza creando el Ministerio de Ambiente, pero retrocede cortándole las manos, desde el punto de vista legal y de recursos humanos a la nueva institucionalidad para que proteja el ambiente. 
Mucho ruido y pocas nueces.