Charles Carrera  

¿Vigilar al victimario?… y algo más

Martes, Septiembre 3, 2019

Esta semana volvió a estar presente en el debate político nacional el problema de la violencia de género, con sus diversas dimensiones. Este tema no debería tomarse a la ligera ni con liviandad, ya que representa uno de los problemas más graves que hacen a la Seguridad Pública de nuestro país.  Sin ir más lejos, estos delitos representan un 12 % del total de las denuncias, lo cual indica que es el segundo delito más cometido en el Uruguay.

Los datos son aún más preocupantes si comparamos la tasa de femicidios. Estos suelen darse en contextos de relaciones de pareja o expareja y Uruguay fue -en 2017- uno de los países de Latinoamérica con mayor prevalencia de femicidios íntimos (1,29 por 100.000 mujeres). Estas cifras deben llamarnos a la reflexión y a pensar en políticas de Estado, más allá de las diferencias partidarias. Por este motivo, siempre estaremos dispuestos a aportar soluciones al problema, como lo hemos venido haciendo. Entre otras medidas, implementamos el sistema de tobilleras electrónicas, que más allá de que pueda ser perfectible, ha demostrado ser efectivo para los casos más graves.

Elevar el debate implica plantear propuestas serias y debatir sin descalificaciones. Esta semana, ante una propuesta del precandidato Lacalle Pou donde proponía vigilar a los victimarios en lugar de las víctimas de violencia doméstica, salimos a dar nuestra perspectiva del problema. Entendemos que el problema está en el victimario y no en la víctima. Allí hicimos referencia a la necesidad de instrumentar las medidas privativas de libertad sobre el victimario. Mencionamos además la posibilidad de crear centros especializados que se dediquen a alojar y a tratar a los ofensores en materia de violencia doméstica, entre otras medidas.

Se ve que nuestras discrepancias y propuestas unieron al arco opositor y salieron a descalificar nuestra postura, argumentando que la normativa actual no establece penas privativas de libertad para quienes cometen actos de violencia doméstica. Resulta llamativa la crítica, ya que la misma no se corresponde con la normativa vigente, como explicaré a continuación. Pero las descalificaciones no se contestan con descalificaciones, deben responderse con argumentos y estos son fundamentalmente políticos, pero también son jurídicos.

Es cierto que los Juzgados de Familia Especializada lo que determinan son medidas que no entran dentro de la órbita de las penas, ya que son los Juzgados Penales los que deben actuar al respecto. Comúnmente, este tipo de sedes disponen medidas de no acercamiento entre víctimas y victimarios. Sin embargo, también es cierto que el Artículo 321-bis del Código Penal tipifica el delito la violencia doméstica y que la Ley Nº 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género, amplió este delito incluyendo los actos de violencia física, psíquica, sexual, patrimonial o económica, independientemente de que hubieran lesiones. Además, esta ley creó los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual, con competencia multimateria, incluyendo a los procesos penales derivados de la violencia basada en género, doméstica o sexual. En definitiva, para nuestro Ordenamiento Jurídico, la violencia doméstica es  delito y establece una pena privativa de libertad que oscila entre seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

Entonces, vale la pregunta: ¿Es posible -según nuestro Ordenamiento Jurídico- disponer una medida privativa de libertad ante un caso de violencia doméstica? La respuesta es sí y por eso entendemos que debemos apostar por desarrollar la institucionalidad que responda ante este tipo de situaciones. Nuestra tarea es representar a la ciudadanía, elaborar leyes y desarrollar políticas destinadas a buscar soluciones. Optamos por utilizar nuestros conocimientos jurídicos con esa finalidad. Son decisiones de vida…

En otro orden, en estos días se aprobó la ley sobre medidas preventivas para Instituciones que impliquen trato directo con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. A través de esta ley, las instituciones mencionadas podrán saber -antes de contratar a un trabajador-, si este tiene antecedentes de ciertos delitos como violación, abuso sexual o atentado violento al pudor. Además, la información es otorgada por el Registro Nacional de Huellas Genéticas y el Departamento de Legajos Prontuariales y Patronímicos de la Dirección Nacional de Policía Científica.

Nuestro país necesitaba esta herramienta jurídica que permitirá que ciertas instituciones, afinen los controles a la hora de contratar personal. Además, la misma se condice con las directrices de la ley Nº 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género. En este sentido, dicha norma prevé inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y en todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Cuando comenzó a discutirse esta ley, el precandidato Lacalle Pou había propuesto la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores de Menores. En su momento manifestamos nuestras discrepancias en el entendimiento que dicha propuesta implicaba la creación de una institucionalidad que ya existía. Que la información prontuarial de todos los que cometieron delitos, incluidos los violadores y abusadores de menores, ya figuraban en el Registro de Policía Científica. O sea, que se creaba una nueva estructura que superponía funciones que ya estaban asignadas.

Nuevamente, elegimos elevar el debate y discutir con seriedad. Para los problemas no existen soluciones mágicas y mucho menos en materia de seguridad pública. Por tanto, no respaldaremos medidas inconducentes y simplistas.  Estamos convencidos que en esta área como en otras, las soluciones van de la mano de la generación de políticas de Estado. Una política de Estado debe construirse más allá de las diferencias, poniendo el foco sobre las coincidencias y anteponiendo los intereses del país por encima de los partidarios.

Estamos dispuestos a seguir trabajando desde el lugar que nos corresponda y a poner nuestros mayores esfuerzos en la búsqueda de soluciones.
                                                             

 Dr. Charles Carrera Leal
                                                                Senador de la República
                                                      MPP - Espacio 609 - FRENTE AMPLIO