Alejandro Sánchez  

¿Dónde nos encontramos como izquierda?

30/07/2018

En el artículo "Uruguay, un país menos desigual" realizamos una síntesis de las principales políticas que influyeron en la distribución de los ingresos en favor de la mayoría de la población. Mencionamos tres herramientas claves: los Consejos de Salarios, el Gasto Público Social y la Reforma Impositiva. Dichas políticas permitieron disminuir la desigualdad, aumentar la masa salarial en relación al ingreso nacional (PBI) y disminuir la pobreza sensiblemente. De cara al próximo congreso del Frente Amplio haremos una serie de propuestas para el programa 2020-2025.

Si bien en los 13 años de gobierno del Frente Amplio la economía creció, la pobreza disminuyó y la desigualdad descendió, aún quedan situaciones por revertir. La pobreza infantil, los altos niveles de desempleo en mujeres y jóvenes, el aumento del delito, el déficit habitacional, los salarios sumergidos y la pérdida de puestos de trabajo definen las prioridades a ser abordadas en nuestro futuro programa de gobierno.

Creemos que es necesario profundizar las políticas sociales y por lo tanto ampliar sus fuentes de financiamiento con un enfoque redistributivo. La experiencia de aquellas sociedades que diseñaron un plan de desarrollo y lo implementaron de manera efectiva, tienen como común denominador el papel activo del Estado.

Como siempre frente a esta propuesta encontramos voces disidentes, como son los distintos actores de la oposición y dirigentes de la gremiales del agro y de la cámaras empresariales, que han promovido un relato basado en la necesidad de achicar el Estado, pero al mismo tiempo reclaman mayores subsidios, mejor infraestructura, más seguridad. Por lo tanto cabría preguntarse cuáles serían la fuentes de financiamiento que proponen, porque vale decir que todo el aumento del Presupuesto Nacional ha sido destinado a la Salud, la Educación, la Seguridad Pública, la Protección Social y a las transferencias del gobierno central a los gobiernos departamentales y locales.

Política Fiscal y Gasto Público

La política fiscal es un elemento distribuidor clave. Como evidencia de esto, se puede analizar la desigualdad a partir de los ingresos de mercado (primaria) y luego de la intervención de las políticas públicas. En un estudio conjunto entre la OCDE y la CEPAL en el 2011, muestra que los países de la OCDE tienen una desigualdad primaria medida en GINI de 0,49 y luego de la intervención del Estado, este índice baja a 0,30. En Uruguay en ese mismo año el índice de Gini primario fue de 0,45 y a partir de la intervención de las políticas de públicas disminuyó a 0,37. Es decir, los países de la OCDE a partir de la aplicación de la política fiscal disminuye la desigualdad 19 puntos porcentuales mientras que en nuestro país desciende apenas 8.

A su vez, la gran mayoría de los países desarrollados tiene un Gasto Público que ronda entre el 30 al 55% de su producto. Tienen un PBI per cápita por arriba de 25 mil dólares anuales y bajos niveles desigualdad (un índice de Gini menor al 0,3). Por otra parte los países pobres o del tercer mundo tienen un gasto que ronda entre el 10-25 % de su producto, altos niveles desigualdad (un índice de Gini mayor al 0,5 ) y obviamente tiene renta per cápita menores a los 10 mil USD. Estos datos son indicativos que a mayor intervención del Estado menor desigualdad, mejores bienes públicos y un círculo virtuoso que redunda en el aumento de la economía.

Para hacer posible nuestro proyecto de país, debemos partir de un par de premisas. Una, la riqueza es generada por toda la sociedad, por tanto debe ser redistribuida. Dos, necesitamos construir una sociedad con bajos niveles de desigualdad, sin pobreza y con altos niveles educativos, ya que no hay desarrollo sin creación y/o apropiación del conocimiento.

La pata financiera de la política fiscal son los ingresos del Estado, es decir los impuestos y las transferencias de las empresas públicas. De manera simplificada los impuestos se pueden clasificar en directos e indirectos. Los directos dependen de la capacidad impositiva del contribuyente, en esta categoría se pueden clasificar el IRPF y IRAE -impuestos al ingreso-, Impuesto al Patrimonio e Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales -impuesto a la propiedad-. Los impuestos indirectos son los que no dependen de la capacidad contributiva y los ejemplos típicos son el IVA e IMESI, llamados impuestos al consumo. En resumen los impuestos directos (propiedad y ingresos) permiten distribuir el ingreso, ya que depende de la capacidad contributiva de cada persona/empresa. Sin embargo, los impuestos indirectos no dependen de la capacidad contributiva, sino del valor del bien o servicio que se consuma.

Nuestra estructura impositiva tiene un peso importante en los impuestos al consumo (IVA e Imesi) con respecto a los impuestos al ingreso (IRPF e IRAE) y los impuestos a la propiedad (ITP y Impuesto al Patrimonio). Para que sea más indicativo, haremos una comparación con la estructura impositiva en los países de la OCDE. En el 2016 los impuestos a los Ingresos en la OCDE representaban el 11,6 % del PBI, mientras que en Uruguay representan 6,6 % del PBI. En tanto, la presión fiscal en el resto son relativamente similares: Impuesto al Consumo 11,3 y 10,9; Impuesto a la Propiedad 1,3 y 1,9 y Contribuciones a la Seguridad Social 7,5 y 9 respectivamente para Uruguay y miembros de la OCDE.

A su vez los impuestos pueden tener tasas fijas o por franjas. En nuestro país se establece la progresividad por franjas solamente para el IRPF categoría II, que grava a los ingresos por trabajo. El IRPF categoría I, el IRAE, ITP e Impuesto al Patrimonio tienen tasas fijas. Por ejemplo en el caso del IRPF categoría I, que grava las fuentes por ingresos de arrendamientos, intereses recibidos y dividendos de un empresa, las tasas son del 7% (dividendos e Intereses) y 12% (arrendamiento). En estos casos se grava igual al que recibe un ingreso por el alquiler de un casa que el que tiene veinte o arrienda 3 mil hectáreas de campo. Pagan el mismo porcentaje quienes reciben intereses de de una cuenta a plazo fijo de 50 mil pesos o el de 5 millones de dólares. También se grava con un 25% por concepto de IRAE al mediano empresario al igual que al chico, como al grande. Para el caso del ITP, impone lo mismo a quien recibe una pequeña herencia de una casa que a quien recibe un campo de diez mil hectáreas. En suma no se puede tratar iguales a los diferentes.

Si tenemos en cuenta que sólo el 10% de las empresas nacionales concentran el 85% de las exportaciones, es razonable pensar que el 100% de las empresas no tienen la misma capacidad contributiva. En este sentido, cabe preguntar, ¿por qué no aplicar progresividad a las tasas de IRAE, IRPF categoría 1, ITP (Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales) e Impuesto al Patrimonio? Ya que los ejemplos mencionados demuestran que su aplicación es una cuestión de justicia tributaria.

Inversión social

Al observar el Gasto Público Social de nuestro país, vemos que aumentó 117% en términos reales desde 2006 al 2016, pasando del 20,9% del PBI al 26,5% en 2016. este incremento tuvo un objetivo claro: mejorar los bienes públicos como Educación, Vivienda, Seguridad, Salud y Seguridad social. Sin embargo, sabemos que no fue suficiente.

Para ello, debemos profundizar “el país productivo con justicia social” y esto requiere de una reevaluación del gasto público social y la política impositiva. Ni más ni menos que establecer qué sectores se beneficiarán con dicho gasto y cuáles se verán más afectados en su financiamiento. Pensar un nuevo conjunto de políticas en esa dirección, nos obliga a pensar más allá de un período de gobierno y a establecer acciones concretas. El Uruguay necesita mayores recursos públicos. Por esto el MPP ha realizado algunas propuestas en este sentido.

No se puede pensar el desarrollo del Uruguay moderno sin un estado fuerte y empresas públicas potentes como palancas y motores de los procesos productivos, sin descartar la creación de nuevas empresas públicas que atiendan producción de avanzada como la biotecnología por ejemplo.

No hay un solo país desarrollado en el que el Estado no haya sido actor principal en dicho proceso. Por ejemplo, hoy en día muchos economistas liberales ponen de ejemplo a Singapur, un país que multiplicó por 13 su PBI per cápita del 1960-2015, -en el 60 era menor que el de Uruguay- y con una presión fiscal relativamente baja (21 % del PBI). No obstante el 85 % de las soluciones habitacionales son brindadas por el Estado, la mayoría de la tierra es de propiedad estatal, el 22 % de su PBI es producción de sus empresas públicas y la inversión en Educación Pública por alumno ronda el 22 % PBI/per cápita en el nivel terciario y 17% en el nivel secundario, es decir invierten 10.245 y 7.913 dólares por alumno respectivamente (a precios constantes del 2010).

La política fiscal además de ser un factor determinante en la distribución de los ingresos como ya explicamos anteriormente, es un herramienta clave de la promoción de la inversión. Las exoneraciones de impuestos como la modificación de sus tasas tienen un efecto de estímulo o desaliento en la misma. En este sentido, debemos limitar, selectivamente, los beneficios para la inversión, focalizando en actividades productivas que utilicen nuevas tecnologías, y proporcionen mano de obra nacional, que respeten la normativa laboral y la sustentabilidad ambiental.

Para superar los desafíos planteados debemos instrumentar un conjunto de políticas sociales de nueva generación con un enfoque solidario y redistributivo. Es decir nuestra sociedad debe elegir entre un proyecto político integrador o excluyente, solidario o individualista, redistributivo o concentrador, es resumen los proyectos que en las próximas elecciones estarán en pugna.