Héctor Tajam  

Mitos y realidades sobre un ajuste necesario

15/06/2016

Por Ec. Gabriela Cultelli y Ec. Héctor Tajam

(Publicado en "La República" en "Ideario" domingo 12 de junio 2014)

Las últimas semanas de mayo se nos presentaron “moviditas”, al compás de lo que se dio a llamar anuncio de “consolidación fiscal”. La cuestión no está en discutir la oportunidad o necesidad del ajuste, ni tampoco se trata del nombre que se le ponga (si “consolidación” o “ajuste”). La cuestión está en hacia dónde ajustamos.

Coyuntura: Ajuste Necesario

El desarrollo de una economía capitalista es cíclico, y por tanto el nuestro lo es. Se trata de procesos que se repiten con mayor o menor agudeza en dependencia de la estructura y fortaleza económica, del papel que juegue el estado, de la coyuntura internacional (sobre todo regional) que tengamos que enfrentar, entre otros.
Manifestábamos en pasados artículos la preocupación por el nuevo escenario. El PBI creciendo solo en un 1% para el 2015, mientras que la inversión disminuía en 7,7% (la pública en 12% y la privada en 7%), cuestión que compromete al crecimiento futuro y es congruente con la caída de las importaciones en bienes intermedios y de capital. A la vez que se mantenía prácticamente estancado el consumo privado otrora impulsor del crecimiento, sumándose a ello la disminución de las reservas internacionales.
Al mismo tiempo conviene tener presente que el salario real anualizado a abril (datos INE) apenas superó el 1%, siendo menos que la mitad del crecimiento a igual momento del año anterior (2,7%). El desempleo supera el 8%, en los tres primeros meses del 2016, mayor en un punto porcentual que igual período del 2015, y los precios (IPC) por primera vez en muchos años, pasaron los dos dígitos (11% entre mayo 2015 y mayo 2016).
Lo expuesto se circunscribe además en una economía regional cambiante y debilitada, con Brasil en recesión, dónde la derecha vuelve a asumir el gobierno con clásicas recetas neoliberales. Para el 2015 el PBI en el país vecino cayó en un 3,8% según datos del FMI. A su vez Argentina en situación similar (o peor), con caída del PBI prevista para este año con Macri (en el 2015 aún crecía al 1,2%), convive con una inflación galopante, y elimina todo vestigio de políticas contra cíclicas en torno a la distribución de ingresos y riqueza. Esos sí que son ajustes a la vieja usanza!!!!.
El impacto de la baja de los precios de los commodities nos afectó a todos. A pesar de que la desaceleración prevista para el caso de China no resultó tal como se pronosticara, la inversión y el crecimiento se derivaron más hacia los sectores del consumo y servicios internos, lo que sumado al débil incremento de las economías europeas y norteamericana, pudieron relacionarse tanto con esa baja de precios, como con el reflujo de inversiones.
Pero la cuestión central sigue estando aquí dentro. Aunque muy lejos de lo ocurrido en la vecindad, no podemos dejar de reconocer que hubo medidas procíclicas como las relacionadas a la desarticulación del otrora FONDES, el incremento generalizado de tarifas de inicio de este año, el ajuste  que afectó la inversión de las empresas públicas, el abandono de proyectos de inversión provenientes del quinquenio anterior (como el puerto de aguas profundas), así como las restrictivas pautas salariales.
El asunto pasa entonces, no solo en que el PBI para el 2015 no se comportó como se esperaba, sino que la perspectiva resulta hoy claramente diferente a la pronosticada por el Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado, cuando presentaron el presupuesto quinquenal 2015-2020, que en realidad fue 2015-2017, en función de las dificultades de la etapa y su volatilidad. No se trata de “echar culpas” sobre proyecciones erradas, sabiendo la carencia de cientificidad o certeza que suelen tener este tipo de calculos, sobre todo en coyunturas como la actual, aunque a veces una retrospectiva de más largo plazo puede ayudar.
Sabiendo que el cambio estructural del Uruguay acaecido en estos últimos 10 años no fue lo suficientemente fuerte ni profundo como para cambiar la duración aproximada entre cada ciclo (14-16 años más o menos), se debió trabajar con los ingresos, más que con las previsiones del PBI para planificar los gastos, como venimos insistiendo desde hace tiempo.
Lo cierto es que se previó un crecimiento económico acumulado del 14% para estos 5 años, y ahora se re-proyecta en un 7%, la mitad de lo previsto. Dicho de otra manera, la diferencia entre las dos proyecciones, implica no disponer de un monto mayor a 2.300 millones de dólares acumulados para el quinquenio, o sea un 5% menos del total de los recursos previstos. Obvio que esto es así en el mejor de los casos, o sea si la nueva proyección resultase más o menos ajustada a la evolución real.
Tengase además presente que para el año 2015 el déficit público fue del 3,6% del PBI, proyectandose para este año en más del 4%. Un mayor déficit puede obligar a un endeudamiento externo mayor, que si evoluciona por encima de lo que producimos los uruguayos (PBI), puede entonces complicarnos aún más el futuro, aumentando los grados de dependencia. La cuestión, por tanto, no es simplemente el grado inversor (es mucho más compleja), por más que este pueda tener su importancia en virtud que de él depende el costo del crédito, aunque no sea determinante para el crecimiento y el desarrollo.
Y ¿qué elementos estructurales componen este déficit?. Algunos de ellos fueron heredados, como el de la caja militar que hoy supera los 400 millones de dólares (en 2010 ascendía a 190 millones), otros son consecuencia de nuestras políticas frenteamplistas en salud, en estabilización cambiaria y control de la inflación, y en la promoción de inversiones (FONASA U$S400 millones; BCU U$S300 millones; costo fiscal de las exoneraciones a la inversión U$S250 millones).
En definitiva, el ajuste se hace necesario, cosa que es una realidad y no un mito. No era otra cosa lo que planteábamos cuando insistíamos en que era hora de gravar más al capital para poder seguir avanzando. Pero, no fue hacia el capital donde terminó inclinándose la balanza.

Mitos y Realidades

Realmente hay medidas que saludar en el paquete. En primer lugar dejar de lado la idea de que “los impuestos no se tocan”. Por fin se anuncia la reforma de la caja militar comenzando a dejar atrás viejos privilegios dictatoriales, y se comienza a gravar las onerosas pasividades de los altos mandos militares. Al mismo tiempo, aunque muy tímidamente, se atiende la necesidad de ajustar en algo al capital, pues 100 millones de dólares se recaudaran por esa vía.
Apuntando al capital, se eleva la alícuota a intereses de depósitos, de obligaciones y otros títulos de deuda, y rentas de certificados de participación de fideicomisos financieros. Se agrega la eliminación de deducciones a sueldos fictos sustituyéndolo por el ingreso real de los patrones, y la reducción a la mitad (de 100% a 50%) de la posibilidad de deducir del IRAE perdidas de ejercicios anteriores, bajándolos además de 5 a 3 años. Se gravan utilidades no distribuidas y la distribución de dividendos hoy exonerados.
De todas maneras, las alícuotas ascenderían en el mejor de los casos al 7%, manteniendo la inequidad con otras rentas de capital que hoy son gravadas al 12%. Tampoco se eleva el IRAE ni en un solo punto, a pesar que cada uno equivale a 45 millones de dólares. Ni que hablar de aumentar la equidad en el impuesto a determinadas transacciones o herencias, o de aumentar el impuesto al patrimonio. Es que la riqueza acumulada, germen de la desigualdad, en este país no se toca, aunque muchos sigamos soñando con ello y hoy se haga estrictamente urgente y necesario.
Luego de tires y aflojes, aflojes y tires, el agua no llegó al río, corrigiéndose el aumento en la primera franja del IRPF/IASS propuesta en un inicio por el MEF. En la última propuesta (más bien reajuste del ajuste), se reacomodó de mejor manera el incremento de las alícuotas del IRPF II y del IASS, así como la subdivisión de franjas y la otrora tasa plana de deducibles (propuesta en primera instancia en un 8% general). Esta mejor estructura (en comparación con la primera propuesta de días antes) en términos de franjeo y de los deducibles, permitió hacer recaer esa mayor parte del ajuste fiscal en los ingresos o salarios y pasividades mayores.
De todas maneras no se tomó en cuenta lo que fue esencialmente planteado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas del Frente Amplio, cambiar el desequilibrio del ajuste, que en más de un 56% recae sobre trabajadores y pasivos (IRPF II e IASS), mientras que sobre el capital recae solo un 19,6% (ver gráfico).

 

Ahora no se tocaría (o pospondría al 2018) el gasto en innovación e investigación como se suscribió en la primera propuesta; pero la mayor parte de la postergación del gasto descansaría sobre la educación pública, con total desacuerdo de nuestra parte. Se trataría de U$S 46 millones diferidos entre ANEP, UdelaR y UTEC. El 48% del total (U$S96 millones) del ajuste por diferir gastos de un año a otro. Súmese a ello que otro 14,7% son recursos de la salud pública.
Nos faltaría además saber con exactitud como vendrá planteado el resto de los ajustes de gastos (U$S125 millones), sobre los cuales aparecen titulares tales como que por cada 3 trabajadores públicos que se retiren entraran solo 2, ajuste que esperemos no atañe a trabajadores de la educación y la salud; o la disminución de recursos asignados y no ejecutados; o las correcciones sobre los ajustes de gastos por inflación.
Se agrega que a nuestro juicio de manera inoportuna se rebajan 2 puntos de IVA a través de medios electrónicos, sabiendo que estos no están aún lo suficientemente diseminados por todo el país y por todos los sectores sociales, por lo cual no beneficiaría aún a los más humildes. Se trata de U$S 50 millones que pudieron haberse diferido para el año 2018 cuando el sistema de inclusión financiera estuviese más generalizado.


TELA PARA CORTAR

Propuestas se hicieron muchas y hay que continuar trabajando en esto, pues hay mucha tela por cortar aún y no solo del lado del capital. Por ejemplo, según la DGI el costo fiscal de las exoneraciones de IVA a los juegos de azar es de U$S57 millones, sumándose otros montos por no gravar con IRPF los premios, exoneración que poco y nada tiene que ver con el país productivo y la justicia social. De hecho revisar y transparentar todas las exoneraciones es un punto al que no podemos renunciar con o sin fase de estancamiento o recesión.
Creemos que hay un uso desmesurado del IRPF II, de como este se reparte mediante franjas de ingreso y tasas. Se plantearon una variada gama de alternativas que pudieron flexibilizar el uso de este instrumento, que queda de aquí en adelante fuera de toda opción de política tributaria futura. Dentro del mismo IRPF podrían incluirse otros enriquecimientos personales hoy también exonerados, como el producto de herencias y legados, base de las mayores desigualdades sociales.
Algún punto del IRAE podría aumentarse. Cada punto porcentual (45 millones de dólares) es casi una quinta parte del aporte del IRPF a este ajuste. Además alentaría el uso del régimen de promoción de inversiones, con ajustes según cada proyecto (favoreciendo el empleo, la innovación, etc). Subir la tasa a los dividendos distribuidos, que siguen desfasados de la tasa general del 12 por ciento, es una posibilidad en la que siempre insistimos, pues se trata de U$S 40 millones pudiendo a su vez incentivar la reinversión. No se consideró el Impuesto al Patrimonio, propuesto por casi la totalidad de las fuerzas políticas del FA, que tiene tasas hoy que solo van del 0,7% al 2,5%. Todo lo expuesto sin mencionar que la transferencia de gastos hacia el 2018, no tiene implicancia estructural y podría resolverse afectando otros rubros, o aplicando aunque fuera temporalmente cualquiera de las posibilidades mencionadas.
En una sociedad capitalista como la nuestra, la equidad no se promueve solo a través de los deciles de ingresos (mal llamados rentas del trabajo). Se construye a través del reparto global entre trabajadores y quienes deciden en función de la propiedad privada de los medios de producción. En este ajuste el reparto no es igualitario.
El ajuste del MEF no es una profundización de la Reforma Tributaria, aunque el uso de uno de sus instrumento (IRPF, de por sí equitativo), se utilice para distribuir la carga fiscal de las personas físicas, y que el ajuste no recaiga en los más vulnerables, como sucedía antes. Porque más allá de las diferencias señaladas, este ajuste está muy lejos de ser como los de otrora con gobiernos de derecha (blancos y colorados), dónde el peso caía sobre todo en los hogares de menores ingresos, aumentando los impuestos indirectos como el IVA (que como dijimos la actual propuesta rebaja en 2 puntos), el antiguo COFIS, y otros 14 más específicos que fueron derogados en la Reforma mencionada; o como el de los vecinos que ha hecho recaer sobre todo el pueblo argentino un 400% de aumento en las tarifas de los servicios públicos.