Cecilia Bottino  

Oportunidad histórica de construir el nuevo Código Penal

14/04/2016

Nuevamente está en discusión el tema seguridad y las políticas de Estado que se deben adoptar para la búsqueda de soluciones respecto de dicha problemática. Como ocurre cada determinado período de tiempo, el debate parece centrarse por parte de algunos actores políticos, en que la solución mágica pasa por la creación de nuevos delitos y por el aumento de las penas de los que ya existen.

Tras la postergación de la aprobación de un nuevo Código Penal en la pasada legislatura, la bancada del Frente Amplio se propuso retomar el estudio del tema, para lo cual ya viene trabajando a través de un grupo creado para tales efectos.

Para llevar a cabo tal proyecto consideramos que es necesaria la participación activa y una actitud de empoderamiento por parte de la ciudadanía. Desde la perspectiva legal es imprescindible conocer la experiencia de otros países en la modificación de sus Códigos Penales, así como también, contar con la opinión de expertos internacionales en la materia, lo que se realizó recientemente en el Parlamento.

Cabe destacar que desde junio del año pasado existe un grupo de trabajo bicameral de la bancada del Frente Amplio que se encuentra elaborando una propuesta de modificación del Código Penal vigente.

Dicho grupo se subdivide en diferentes áreas: delitos vinculados a los Derechos Humanos, otro de la delincuencia económica y empresarial, otro de la delincuencia informática y medioambiental y otro relativo a los principios generales, tomando como base el proyecto de la legislatura pasada.

Varios legisladores y asesores jurídicos se han integrado desde entonces a estos grupos, participando del estudio de los temas asignados en cada caso, para avanzar en el tratamiento cuando se comience a tratar la reforma en la Comisión de Diputados que lo tiene a estudio. Y debe quedar claramente manifestado que un Código no es una ley cualquiera; no se trata de cambiar algunos artículos y agregar otros.

Un Código es una obra armónica y sistemática, que tiene una lógica y estructura interna que debe respetarse, para lo cual debe efectuarse una labor detallada del punto de vista técnico a fin de que esté exento de contradicciones internas, cuente con una valoración racional de los bienes jurídicos que se quieren proteger y respete las disposiciones constitucionales y la normativa internacional de Derechos Humanos vigente.

Otro punto que debemos aclarar es que la modificación del Código Penal no debe ser pensada como una solución de impacto directo e instantáneo sobre problemáticas puntuales planteadas por diferentes sectores de la sociedad. Como enseña el maestro español Terradillos Basoco, “el incremento de las penas por sí solo no puede incrementar la eficacia de la lucha contra el delito; la eficacia viene unida a la adopción de otras políticas, cuyo resultado no es inmediato y que además requieren inversión, desarrollo en recursos humanos, articulaciones sociales y generación de infraestructuras”.

La historia legislativa uruguaya de las últimas décadas demuestra con evidencia contundente, que el mero aumento de las penas como estrategia para enfrentar el delito, no es ni eficaz ni eficiente. Sin lugar a dudas, la discusión de un nuevo Código Penal también abarca el aspecto central de los valores que debe promover una sociedad y cuáles son las conductas sobre las que pretendemos legislar.

En ese sentido, debemos establecer qué conductas son antijurídicas y cuáles, por cometer esos delitos, implican la pérdida, nada más ni nada menos, que de unos de los valores centrales: la libertad de las personas. Este es un aspecto central, que está involucrado en la discusión de un Código Penal moderno, pensando en el futuro y, por lo tanto, esta es una construcción colectiva, que no puede ser solo de técnicos o políticos: debe haber una conjunción de la sociedad toda en la elaboración de estas normas.

En el intercambio con los especialistas internacionales en la comisión surgió el interés por conocer por dónde tendríamos que transitar para lograr una adecuada legislación penal, por lo que debemos discutir y resolver el modelo de política criminal. Tendremos que determinar qué bienes jurídicos vamos a proteger, la finalidad de la pena, su proporcionalidad, el respeto de los principios del Derecho Penal y los principios de mínima intervención, lo que no significa nula intervención.

Tenemos la oportunidad histórica de construir una obra sistemática y armónica para mejorar las figuras penales que ya tenemos codificadas e incluir los tipos penales que se crearon por leyes especiales que son más de cien y ese es nuestro compromiso de trabajo en esta legislatura, a los efectos de lograr el mejor instrumento de tutela de nuestros derechos fundamentales.

Publicado en: Diario La República