Óscar Groba  

Rendición de Cuentas 1º de Agosto de 2016

31/08/2016

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: vamos a encarar el tratamiento de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal con las características que siempre tienen estos debates en la Cámara. Nuestro gobierno del Frente Amplio plantea la reafirmación de su programa y, de acuerdo con las reglas de juego, la oposición propone su proyecto diferente, sobre todo, la oposición que ya estuvo en el gobierno: el Partido Colorado y el Partido Nacional; el Partido Nacional y el Partido Colorado.
En primer lugar, quiero reconocer el trabajo de la oposición en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda. Como los señores diputados saben  es público y notorio , la discusión de los lineamientos de esta Rendición de Cuentas determinó que nuestra bancada del Frente Amplio tuviera que solicitar intermedios para hacer consultas con el Poder Ejecutivo y con la fuerza política. Más allá de la pasión con la cual se defiende cada una de las posturas, ha habido espíritu de colaboración entre todos para el buen trabajo de la Comisión, permitiendo que cada uno se tomara los tiempos para aprobar lo que venimos a presentar en el día de hoy, dentro de los plazos constitucionales, y que vamos a pedir a la Cámara que apruebe: el proyecto de Rendición de Cuentas.
Reitero: no queríamos dejar pasar esta oportunidad para expresar el agradecimiento de la bancada del Frente Amplio a la oposición por haber actuado con fraternidad y comprensión, en el clima de pasión con el cual defendemos nuestras ideas como, naturalmente, también habría hecho el Frente Amplio si hubiera sido a la inversa: creo que vale esta aclaración.
En segundo término, quiero agradecer especialmente a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, que ha sido muy paciente con este presidente, ha colaborado muchísimo y nos ha sacado todas las dudas que teníamos, contribuyendo para que el trabajo se realizara correctamente; a los oficiales de sala; al Cuerpo Técnico de Taquígrafía, quienes han tenido paciencia y con su oficio han sabido contemplar y plasmar en las actas las opiniones de todas las legisladoras y de todos los legisladores y de cada sector político; a los ujieres y a todos los funcionarios. También quiero agradecer a los trabajadores de la limpieza: hay que ver cómo quedaba la sala cuando terminábamos cada sesión y cómo la encontrábamos cuando llegábamos al otro día; parece algo natural, pero detrás hay un trabajo y una dedicación muy importantes; al departamento de electrónica y a nuestra secretaría de bancada del Frente Amplio, que también ha colaborado, en particular, con quien le ha tocado presidir la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.
Todas las veces que nos ha correspondido dar el informe en mayoría  en el presupuesto y en la última rendición de cuentas del gobierno anterior, en el presupuesto de este gobierno y ahora, en la primera rendición de cuentas  dijimos lo mismo al empezar: más allá del articulado correspondiente, todos sabemos que en estas instancias, la verdadera discusión está en el modelo económico y social de país que acompaña los debates.
Hasta ahora en Uruguay hemos tenido tres gobiernos: del Partido Colorado, del Partido Nacional y, desde hace apenas once años, el de nuestro Frente Amplio, y en los presupuestos y rendiciones de cuentas ha quedado demostrado que desde un punto de vista económico y social hay dos proyectos de país diferentes: uno hasta el 15 de febrero de 2005 y otro desde allí hasta la actualidad; esta rendición de cuentas no es la excepción.
Cabe destacar que dentro del sistema económico y social que rige a la inmensa mayoría del mundo, todos los gobiernos han navegado en el sistema capitalista, que se basa en la explotación del hombre por el hombre y de los países capitalistas desarrollados que dominan y hacen dependientes a los países subdesarrollados. En esos ámbitos se ha movido nuestro país con sus distintos gobiernos. Por ahora, Uruguay es un país totalmente dependiente y como tal sufre las contradicciones y las crisis del sistema, así como los ajustes de la economía capitalista mundial.
En 2015, la economía uruguaya ingresó en una fase de desaceleración como resultado de un conjunto de factores provenientes del escenario global, entre los que se destaca la debilidad de la actividad económica, la permanencia de importantes grados de incertidumbre en el plano financiero y la caída de los precios de muchos de los productos de base agroindustrial que son exportados por nuestro país.
En el mismo sentido, el escenario regional experimentó un fuerte y acelerado deterioro como consecuencia de la profundización de la crítica situación que atraviesa la economía de Brasil y de las tensiones que enfrenta Argentina para gestionar importantes desequilibrios macroeconómicos.
Es de destacar que aunque en las proyecciones realizadas en el marco de la elaboración del presupuesto fueron considerados algunos de los factores externos adversos señalados, como la debilidad de la recuperación económica global, en particular, de algunos de los principales socios comerciales, además de la caída de los precios de las materias primas y el deterioro de la situación económica regional, experimentaron una evolución negativa más rápida e intensa que la prevista. Tal conjunto de factores impactó en 2015, cuando el producto bruto interno creció solo un 1% en términos reales; además, se previó una tasa positiva de crecimiento aún menor para el año en curso.
A lo largo del año pasado, la política económica del gobierno nacional reconoció e incorporó en sus proyecciones  al igual que las instituciones financieras multilaterales, las organizaciones económicas internacionales, las agencias, los fondos financieros y la mayoría de los análisis locales  el desarrollo de un contexto económico crecientemente adverso.
Al respecto, cabe recordar que hasta agosto de 2015, cuando el presupuesto ya estaba siendo considerado en el Parlamento, la mayoría de las proyecciones de crecimiento para 2015 y 2016 realizadas por el conjunto de instituciones y analistas que acabo de mencionar estaban alineadas con las del Gobierno. Este no se mueve por los análisis de coyunturas económicas internacionales, sino por los propios, pero en este caso, como dije, las instituciones y los analistas nacionales e internacionales coincidían con el proyecto analizado durante la consideración del presupuesto.
Los organismos internacionales y los analistas privados ajustaron a la baja las perspectivas de crecimiento de la economía uruguaya en 2015 que, finalmente, creció un 1%. En cualquier caso, señor presidente, y más allá de la constatación de los desafíos que enfrenta la economía uruguaya, como he desarrollado en el Informe Económico-Financiero que se presenta  aclaro que dicho informe pasa a formar parte de nuestro informe , es necesario señalar que la economía continúa creciendo, que los logros sociales se mantienen y que se ha construido un conjunto de fortalezas cuya vigencia otorga importante espacio para gestionar la transición ordenada del anterior al nuevo sistema macroeconómico.
En el marco de las condiciones institucionales que tiene el proceso de formulación y aprobación del presupuesto, el marco internacional y, sobre todo, regional  crecientemente adverso , fueron incorporados a la estrategia presupuestal, así como a otras herramientas de la política económica. La estrategia presupuestal, con un enfoque de prudencia, incorporó un horizonte de asignación de recursos presupuestales adicionales  más corto que el tradicional, es decir, de solo dos años, en lugar de los cinco del período de gobierno  vinculado con las prioridades del programa de Gobierno y con un conjunto de acciones centradas en la necesidad de avanzar en la calidad del gasto, concretando así una serie de lineamientos y compromisos de gestión que debían ser asumidos por los distintos ejecutores del gasto. Para ello, se debió llevar a cabo una mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo y las empresas públicas para la toma de decisiones con respecto al gasto y a las inversiones.
Asimismo, al inicio del proceso de formulación presupuestal, el Gobierno explicitó que el resultado fiscal observado era peor que el deseado y se planteó una estrategia presupuestal consistente en la reducción del déficit del sector público hasta alcanzar, al fin del mandato, un resultado de 2,5% del producto bruto interno.
Corresponde plantear que, como resultado del impacto de la desaceleración económica sobre la recaudación y de la propia evolución del gasto público endógeno, el resultado fiscal se deterioró más de lo previsto, lo que, en el marco de las nuevas proyecciones de crecimiento económico, fundamenta la necesidad de realizar una serie de correcciones en el plano fiscal para asegurar la meta fiscal comprometida para 2019.
A los efectos de hacer una apreciación adecuada de la capacidad de la economía para enfrentar los desafíos originados en un marco externo más adverso, corresponde realizar una serie de consideraciones.
En primer lugar, hay que señalar que el crecimiento experimentado en 2015, aunque menor al de años anteriores, fue notoriamente mayor que el de las economías de Argentina y de Brasil, lo que confirma la continuidad del proceso de diferenciación respecto a la región.
En segundo término, es necesario destacar que se continúa verificando un conjunto de progresos en el plano social, lo que se concreta en el aumento, aunque moderado, del ingreso de los hogares, los bajos niveles de indigencia y pobreza y la continuidad del proceso de combate a la desigualdad.
Más en general, corresponde destacar que el país ha construido, a lo largo de los últimos años, un conjunto de fortalezas productivas, financieras, sociales e institucionales, que han sido ampliamente reconocidas por la comunidad internacional, las instituciones financieras multilaterales y los inversores nacionales y extranjeros.
¿Cómo se refleja todo esto? Se refleja y expresa en el logro de mayores niveles de diversificación de la economía, en la incorporación, a través de un fuerte proceso de inversión, de mayores niveles de productividad, en la incorporación de tecnología en un amplio conjunto de sectores productivos de bienes y servicios, en la generación de amplios márgenes para el manejo de la deuda pública y en el acceso al financiamiento, junto con otra serie de factores igualmente relevantes, como la reconocida estabilidad social y la calidad de las instituciones.
Son estas fortalezas construidas a partir de la acción conjunta de las políticas públicas, el sector privado y la sociedad civil las que permiten tener confianza en la capacidad de enfrentar un contexto internacional y regional más adverso, como el que estamos enfrentando. Sin embargo, también hay que tener presente que las fortalezas construidas no pueden ser concebidas como un medio para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas en ausencia de una corrección de la trayectoria fiscal, sino como las que proveen el espacio para gestionar una transición ordenada de un contexto económico más favorable a otro más adverso.
Frente a la evolución fiscal señalada, el gobierno nacional reafirmó su compromiso con la responsabilidad fiscal, ratificando la meta definida en el presupuesto, aprobado en 2015, de alcanzar un resultado fiscal de 2,5% del producto bruto interno al 2019, de forma de estabilizar la trayectoria de la deuda pública. A tales efectos, el gobierno decidió implementar un plan de consolidación fiscal con el objetivo de mejorar el resultado fiscal en un 1% del producto bruto interno. La implementación de un conjunto de medidas de consolidación fiscal que implican tanto un mayor control del gasto público como la necesidad de convocar a un mayor esfuerzo tributario responde al reconocimiento de un nuevo escenario económico externo y constituye una expresión de responsabilidad política del gobierno y de la fuerza política que lo respalda, así como de confianza en la capacidad de la sociedad uruguaya para consolidar los avances sociales.
Es de destacar que, frente al deterioro del escenario global, quince países de América Latina y el Caribe han anunciado programas de consolidación fiscal que contemplan correcciones que van de l% al 7% del producto bruto interno a lo largo de uno a cinco años, según plantea el Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe.
La magnitud de la corrección fiscal y sus componentes, es decir, el balance entre los aumentos de ingreso tributario y las disminuciones de gastos, así como el énfasis respecto de los instrumentos tributarios disponibles y, por otro lado, la acción sobre los componentes del gasto dependen de la situación y la perspectiva económica, especialmente, fiscal y financiera, de cada país, así como de las prioridades del gobierno en funciones.
Tenemos que recordar algunas cosas, porque en los últimos días ha estado todo en debate, inclusive, durante este fin de semana. Hasta no hace mucho tiempo, la respuesta a las recurrentes crisis del capitalismo mundial, a las recurrentes crisis fiscales, era el recorte de los programas sociales, la postergación de las inversiones públicas, la implementación de acciones que contribuían a fragilizar el funcionamiento del sector público, la creación de un aluvión de impuestos distorsionadores, el aumento de las tradicionalmente muy elevadas tasas de imposición sobre el consumo y la multiplicación de impuestos sobre todo tipo de actividad económica y sobre los ingresos salariales, que no distinguían capacidad contributiva, respecto a lo que hablaremos más adelante. Estas medidas provocaron el deterioro del clima de inversión, una elevada conflictividad social y, además, retrocesos en la distribución de los ingresos, si es que los había.
La incapacidad para enfrentar las recurrentes crisis fiscales y del capitalismo internacional promovía, a su vez, una sistemática debilidad de la capacidad de financiamiento del sector público, con la consiguiente dependencia de las recomendaciones provenientes de las instituciones financieras internacionales y derivaba regularmente en graves crisis financieras.
Sobre la base de las fortalezas construidas, el país está actualmente en condiciones de enfrentar los impactos que provienen del contexto adverso de forma diferente que en el pasado. A partir de las nuevas proyecciones de crecimiento y de la decisión de reafirmar el compromiso con la meta fiscal, el gobierno nacional definió un plan de medidas de consolidación fiscal. En cuanto a su magnitud, las medidas de consolidación fiscal implican un conjunto de acciones sobre el gasto público y una adecuación a las contribuciones tributarias que tienen el objetivo de mejorar el resultado fiscal en el 1% del producto bruto interno lo que es, como ya dijimos, una de las metas del gobierno. Se entiende que, en el marco del cumplimiento del conjunto de previsiones económicas, se trata del esfuerzo fiscal requerido a los efectos de estabilizar la trayectoria de la deuda y de cumplir, al fin del mandato, con la meta fiscal.
Desde la óptica de su impacto, a partir del diseño y los equilibrios del plan de consolidación fiscal, la plena vigencia del conjunto de herramientas de promoción a la inversión y de preservación de la inversión pública, el plan de infraestructura y, en general, la acción de la política económica, se minimizará el efecto de corto plazo sobre la actividad económica.
Desde el punto de vista de su orientación, el plan de consolidación fiscal debe ser consistente con las prioridades, las políticas públicas y las reformas implementadas por los gobiernos frenteamplistas desde el año 2005. En esta situación, la bancada del Frente Amplio está junto al Poder Ejecutivo y asume el desafío de proteger el gasto público social. En tiempos de menor crecimiento económico, aumenta el desafío de generar márgenes para atender los programas prioritarios mediante mejoras en la calidad del gasto, la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y la reasignación del gasto. Por lo tanto, las medidas incorporadas en el plan de consolidación fiscal se orientan a dejar atrás la lógica incremental en materia de gasto público.
Es necesario el reconocimiento de estos aspectos normativos que hacen a la rigidez de algunos componentes del gasto para descartar propuestas de recorte que no son practicables sin afectar el programa del Frente Amplio que la ciudadanía votó, pero no puede ser la excusa para el inmovilismo. Entonces, con la Constitución en una mano y el programa del Frente Amplio en la otra, procederemos. No es sustentable recurrir solamente al aumento del gasto público como único medio para la solución de los problemas económicos y sociales del país. Es necesario, además, poner énfasis en su calidad y en su eficiencia. En ese sentido, el compromiso del plan de consolidación fiscal y el control del gasto son muy importantes.
Entonces, la rendición de cuentas correspondiente al año 2015 no tiene, salvo excepciones muy acotadas, incremento del gasto. Se postergan varios de los incrementos de gasto previstos en el presupuesto para 2017, salvo excepciones que definimos claramente.
Se restringen los ingresos a la Administración y a las empresas públicas, se continúa mejorando la eficiencia en el gasto de las empresas públicas, se minimiza el reajuste al alza de los gastos de funcionamiento, se adecuan las normas de ordenamiento financiero y su aplicación a un contexto de consolidación fiscal. Además, se prevén mecanismos para que los distintos Ministerios realicen esfuerzos adicionales para concretar mejoras en la calidad del gasto. Finalmente, se intensifica el compromiso de todos los organismos con los criterios generales del control del gasto.
Señor presidente, uno de estos análisis de consolidación fiscal está relacionado con el IRPF, que afecta las rentas de trabajo dependiente e independiente, e incluye modificaciones de sus tasas de aporte, así como tramos de aporte y tasas de deducciones. Las tasas de aporte se incrementan solamente para los últimos cuatro tramos y permanecen incambiadas para los tres primeros, es decir, para los contribuyentes con ingresos mensuales menores a $ 50.100.
Con relación a las modificaciones propuestas al IRPF, es importante subrayar que se prevé que el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos, es decir, el último decil, aportará el 94% de la recaudación adicional, mientras que el 9,2% de los recursos adicionales por este tributo será aportado por el noveno decil de ingresos y el 0,4%, por los contribuyentes del octavo decil. Los contribuyentes del IRPF que se ubican en los primeros siete deciles no pagarán más impuesto e incluso pagarán menos quienes hagan uso del descuento de IVA a partir de las compras con medios electrónicos de pago.
Otra de las modificaciones tributarias propuesta refiere a la disminución de dos puntos del IVA como resultado de la compra de bienes y servicios con medios electrónicos de pago. La iniciativa busca que el consumidor se apropie de forma directa de la rebaja del IVA y está plenamente alineada con el despliegue del programa de inclusión financiera.
Finalmente, se prevé  a partir de la aprobación de un proyecto de ley de tramitación separada de la rendición de cuentas  una reducción de la transferencia destinada a la Caja Militar mediante una contribución pecuniaria sobre las prestaciones que sirve en la actualidad.
Como dije el fin de semana, y también los días anteriores, la oposición que gobernó doscientos años el país, una vez que se votaron estos ar¬tículos, se manifestó públicamente porque nuestro gobierno realiza una corrección en sus previsiones ante el panorama regional y mundial que genera una caída en los números que venía registrando nuestra economía. La oposición, que ya gobernó, parece que olvidó cómo eran sus ajustes siendo gobierno, momento en que equilibraban las cuentas públicas solamente con el esfuerzo de la clase trabajadora sobre la cual recaía el mayor peso financiero, así como en las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales. Pero para decir estas cosas públicamente, como se ha venido haciendo ¿cuál es el currículum de la oposición en cuanto a los impuestos, los ajustes fiscales y la enseñanza, que es uno de los temas que se está manejando? ¿Qué hicieron? ¿Cuál ha sido la preocupación por la inversión en la enseñanza, reflejada en los presupuestos nacionales?
Hagamos, entonces, un pequeño ejercicio de memoria. Repasemos fugazmente  no nos daría toda la semana y tenemos plazos constitucionales para votar esta Rendición de Cuentas  cómo fueron los ajustes de los anteriores gobiernos, blancos y colorados, colorados y blancos o blanquicolorados, y comparemos situaciones para echar algo de luz  a mi juicio, muchísima luz  en un tema que se ha mediatizado en exceso repitiendo nuestras propuestas.
Quieren defender la enseñanza y también los convenios colectivos, que en el caso de los públicos fueron aprobados recién en el año 2009, durante el gobierno del Frente Amplio. Me parece bien. Creo que entre los milagros que ha hecho el Frente Amplio en estos once años, en los que ha sacado al país de la terrible crisis que sufrió, está haber convencido también a la oposición de que los convenios colectivos de los trabajadores son necesarios, tanto en la actividad privada como en la pública. Recordemos lo que ha pasado con los Consejos de Salarios; recordemos lo que ha pasado con la historia, las propuestas, las reivindicaciones y los planteos que han hecho los trabajadores respecto a la posibilidad de negociación colectiva en el área pública. Pero recordemos que también son necesarios otros elementos  no tenemos más remedio que hacerlo, en primer lugar, porque son datos de la realidad y, en segundo término, porque en forma pública y dentro de las reglas de juego la oposición repite y reclama cosas que cuando fue gobierno no hizo : tras la recuperación democrática, el primer ajuste auténticamente fiscal, el fiscalazo, propiamente dicho, lo hizo el gobierno blanco. Era la década del noventa, en que el país ostentaba un producto bruto interno de unos US$ 10.300.000.000. La inflación se medía en tres dígitos  ellos decían, y tenían razón, que se trataba de una herencia del primer mandato de la Administración de Julio María Sanguinetti , y llegó al 134% en su pico máximo, en mayo de 1991. El salario real  de ahí compartimos la preocupación actual de la oposición de que es necesario mantener, proteger y avanzar en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de los trabajadores  disminuyó a guarismos de casi un 10%, y el déficit fiscal rondó el 5,24% del producto bruto interno. Al final del período, la tasa de desempleo llegaba a una tendencia alcista que alcanzaría un máximo histórico con la crisis del año 2002: 20% de desocupación en el Uruguay.
A pesar de la bonanza económica internacional que hubo durante años de ese período, fue un gobierno que jamás tuvo en cuenta a la clase trabajadora, que liquidó la convocatoria a los Consejos de Salarios, que no tuvo en consideración a los trabajadores rurales, domésticos, ni al trabajador público; no generó, ni propuso, ni reafirmó las reivindicaciones acerca de la necesidad de la negociación colectiva para el trabajador público, que recién en el año 2009, con el gobierno del Frente Amplio, se promovió.
A la hora de recaudar fueron los trabajadores la principal fuente de ingresos fiscales.
Recuerdo que por aquella época se aseguraba el libre mantenimiento de los mercados de cambio, la libre entrada y salida de capitales, el retiro de ganancias y el mantenimiento de la plaza financiera en la que se había convertido el país y que seguiría hasta la crisis del año 2002. Una de las primeras medidas que se tomó fue la aplicación de un ajuste fiscal que se tradujo en la aplicación del Impuesto a las Retribuciones Personales a salarios y jubilaciones, desde un salario mínimo nacional, que creo estaba en $ 800.
Además, subió el IVA; recuerden que estamos hablando del currículum de quienes ya estuvieron en el gobierno, pero hoy  así como en las últimas horas, en el fin de semana, y seguramente en los debates de esta Cámara  van a reclamar cosas que cuando fueron gobierno no hicieron. Y digo que esto es positivo porque ahora acompañan las necesidades de los sindicatos, de los trabajadores y de los convenios colectivos.
Decía que subieron el IVA, el impuesto que grava fundamentalmente a los asalariados que no lo pueden descontar, que pasó de una tasa del 21% al 22%, con lo que se coloca como una de las más altas de la región y del mundo. El aumento del aporte patronal, de 3,5%, y la modificación del impuesto a la renta empresarial, que pasó del 35% al 40%, fueron otras de las medidas ejecutadas por su gobierno, sin contemplación ni apuesta a la reconversión industrial, dejando el triste saldo de la desaparición de industrias pujantes de otras épocas, como la del cuero, el calzado, la marroquinería, la textil, y podríamos seguir enumerando otras. Se liquidó la industria nacional, quedando por el camino toda posibilidad de ser competitivos en calidad y en producción, dejando un tendal de desocupados y desocupadas a lo largo y ancho de todo el país. La apuesta solamente a los servicios financieros y a la especulación fue la tónica a seguir, lo que formó parte de un libreto que modificó muy poco del anterior gobierno.
El gravamen a las retribuciones personales, salarios, jubilaciones y pensiones tuvo el adicional de ser un impuesto que se aplicaba a todo el ingreso percibido. Además, estaba atado al salario mínimo nacional fijado por ley, que era una unidad de medida para definir las franjas gravadas. Estos son datos de la realidad; cualquiera puede analizarlos; no estoy inventando nada.
El salario mínimo nacional no se aumentaba, provocando que el impuesto gravara más a los que tributaban en los límites superiores de cada franja, ya que se veían desplazados a la franja superior. Sin duda, esta es una de las principales diferencias con la propuesta fiscal del gobierno frenteamplista. ¡Si habrá diferencia en este pellizco necesario de consolidación fiscal con respecto a lo que hicieron quienes estaban en el gobierno anteriormente! Adviertan que hay una franja de ingreso no gravado  monto no imponible , que se traduce en que la mayoría de la población no pagará impuesto, otro 10% de la población seguirá pagando lo mismo y quienes tributen no lo harán sobre la totalidad de sus ingresos, ya que se aplica por franjas, gravando el monto que supere la franja no imponible, de acuerdo con cada una de ellas en forma progresiva y hasta llegar al total del ingreso percibido. Esto es diametralmente diferente a la aplicación a tabla rasa sobre todo el monto salarial o jubilatorio que promovieron los partidos tradicionales cuando fueron gobierno.
Por eso hubo diferencias en la discusión de esta rendición de cuentas aquí y en los medios de comunicación durante todo este período, y seguramente seguirá habiendo diferencias.
Por otra parte, la reforma tributaria vigente permite deducciones; las anteriores, no. Además, se aplicaban al salario mínimo nacional, como dije antes.
La izquierda promovió, y promueve, la rebaja de impuestos como el IVA, contrariamente a lo que hicieron los que hoy critican.
Ese quinquenio inicial de la década del noventa tuvo el aditivo de una industria desmantelada y sin reconversión alguna, provocando la caída de la producción, al punto de incidir en la baja del PBI industrial, que pasó del 25% a poco más del 16% en el período.
En ese período cerraron empresas emblemáticas, debido a la aplicación de este programa económico social a través de los presupuestos nacionales y de las rendiciones de cuentas. Me refiero a Onda, Funsa y varias textiles; como dije, desapareció la industria del calzado, la industria de la aguja. Los proyectos de presupuestos nacionales y de rendiciones de cuentas de quienes estuvieron en el Gobierno, que hoy critican algunas de las medidas necesarias que el Frente Amplio está promoviendo  por otra parte, son totalmente diferentes, como acabo de anunciar , representaron una pérdida de más de noventa mil puestos de trabajo solamente en esos rubros.
Como ya dije, se eliminaron los Consejos de Salarios. Además, en el paquete, se intentó la reglamentación sindical y el derecho de huelga. Todos recordamos que se decretó un aumento fijo del 15% a los salarios, cuando la inflación acumulada era del 33%. La recordamos perfectamente porque en aquel momento estábamos en el movimiento sindical y entre los que estaban a cargo de los Consejos de Salarios y de la parte económica de la Central de Trabajadores. Ese planteo de política económica y social impactó en la clase trabajadora y en los sectores más necesitados. Naturalmente, impactó también en el pequeño y mediano comerciante.
Esto no sucedió solo en la década del noventa. Para no ser menos, en el gobierno de Jorge Batlle, el primer anuncio fue más impuestos a los sueldos y a la producción. ¡Si habrá diferencias entre lo que propone el Gobierno en esta rendición de cuentas y lo anterior! El PBI registraba una caída del 7,7%, la inflación había cedido en parte, pero mantenía dos dígitos, llegando casi al 26%, y el salario real experimentaba una caída de casi el 20%. Ese gobierno tampoco convocó a los Consejos de Salarios. ¡Ni hablar de la negociación colectiva, a la que hoy dan tanto valor!
(Interrupción del señor representante Walter Verri)
——Me parece bien que se interesen por los convenios colectivos y por los Consejos de Salarios. Costó, pero este gobierno hace milagros. Los Consejos de Salarios fueron creados en 1943, por el batllismo, que luego no los aplicó; sí lo hizo el Frente Amplio. Además, los transformó en ley, porque anteriormente regían por decreto. Como estaban establecidos por decreto, según la política económica y social de cada gobierno, se los convocaba o no. El Frente Amplio los transformó en ley; de manera que hay que aplicarlos, sea cual sea el gobierno.
El déficit fiscal de aquella época registraba 4,7 puntos del PBI. Se seguían aplicando viejas fórmulas que siempre ajustaban para abajo.
Además, se creó el Cofis y se aplicó el IVA al agua y al transporte, fieles a la idea de quiénes serían los que pagarían el ajuste. El IVA subió otro punto, alcanzando el 23%, lo que sumado al Cofis, totalizaba un 26%. El Gobierno actual está rebajando el IVA.
Lejos de mejorar los guarismos del anterior gobierno, en el gobierno de Jorge Batlle empeoraron. Los salarios, jubilaciones y pensiones serían nuevamente afectados.
Podríamos seguir con el relato de lo que ha vivido el país durante los gobiernos anteriores, pero tenemos límites de tiempo acotados. Es natural que critiquen estos once años de gobierno del Frente Amplio, que ha transformado la vida nacional, lo cual también es un dato de la realidad.
En el año 2002 llegó la crisis: crónica de una muerte anunciada. Los capitales no dejaban de fugarse y el gobierno se negaba a reconocerlo. Tras la crisis, parecía inevitable el arribo de la izquierda al gobierno. El pueblo cambió la situación mediante el voto. Paró un tren que iba al precipicio con toda la población adentro; lo paró, atendió a la gente que estaba en el CTI, lo dio vuelta y ahora va en el sentido inverso.
Revertir las consecuencias de la terrible crisis era una misión casi imposible, no solo para los uruguayos, sino para los analistas internacionales.
Llegamos al gobierno del Frente Amplio con 40% de pobreza, 5% de indigencia y 20% de desocupación, en un país como Uruguay, de 3.500.000 personas. Son datos de la realidad. Reitero: 40% de pobreza, 5% de indigencia y 20% de desocupación.
La ampliación de los mercados, más allá de la región y del Mercosur  anclado en los intereses de los socios mayores, a lo que se sumó el cierre de los puentes con Argentina  fue una estrategia que daría sus frutos. Más de cien mercados internacionales ampliaron la economía nacional, abrieron Uruguay al mundo y el país empezó a crecer y a ser objeto de atracción para las inversiones.
Así como se expandió el mercado externo, se hizo del interno un diferencial favorable. Los Consejos de Salarios, disueltos por los partidos que anteriormente estuvieron en el gobierno, se potenciaron con el Frente Amplio, devolviendo poder adquisitivo a los trabajadores, verdadera polea de transmisión de la reactivación del mercado interno, de las pequeñas y medianas empresas nacionales, tanto urbanas, como del agro.
Se logró la negociación colectiva para todos los trabajadores públicos, la misma que ahora se reclama y se quiere proteger; yo comparto que se proteja. Qué bueno hubiera sido que esta ley de negociación colectiva, que el Frente Amplio sancionó en el año 2009, hubiera estado vigente muchos años antes, de manera que ahora estuviera mucho más aceitada para aplicarla con mayor tranquilidad. Como con todo lo nuevo, a veces surgen diferencias y complicaciones, que las hay en algunas áreas. Este proyecto de rendición de cuentas tiene muchos convenios creados en el marco de la ley de negociación colectiva de 2009, promovidos por el Frente Amplio.
A escasos dos años de asumido nuestro gobierno, un nuevo marco tributario era aprobado por el Frente Amplio. La consigna electoral de que pague más el que tiene más fue la inspiración de un sistema tributario más justo y equitativo aunque, naturalmente, esto pese a los que más tienen y, por ende, más tributan y más posibilidades de quejarse ante la opinión pública tienen que aquellos que no poseen nada. El impuesto a los sueldos de los gobiernos anteriores se aplicó sin contemplaciones y el monto imponible fueron los salarios y las jubilaciones. La reforma progresista cambió ese modelo, determinando un monto no imponible que quedaría a resguardo de toda tributación. Se estableció un impuesto por franjas, de aplicación progresiva, mucho más justo que un tributo aplicado sobre el total del ingreso.
Hemos analizado el tema tributario y las políticas públicas en materia económica y social aplicadas por nuestro gobierno en solamente once años, diferentes a los gobiernos anteriores. La consolidación fiscal propuesta por el gobierno del Frente Amplio hace parte de una reforma en constante evolución y, si bien impone una corrección fiscal, no se agota en la mera recaudación para enjugar el déficit o impedir la pérdida del grado inversor  que no dejan de ser razones de peso , sino que, además, busca mantener los logros alcanzados y administrar responsablemente los recursos para garantía del desarrollo y crecimiento futuro. Estos cambios mantienen distancias abismales, repito, con políticas anteriores.
Ya lo dije: para muestra de su esencia social de izquierda, el Gobierno atendió el reclamo de la fuerza política y del movimiento sindical, dejando afuera de los cambios propuestos los ingresos menores a $ 50.000.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR PRESIDENTE (Felipe Carballo).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor diputado.
SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE (Felipe Carballo).- Se va a votar.
(Se vota)
——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.
Puede continuar el señor miembro informante en mayoría.
SEÑOR GROBA (Óscar).- Gracias, señor presidente.
Decía que Uruguay es otro país, opuesto al que nos dejaron los gobiernos anteriores al del Frente Amplio, que nos han criticado mediáticamente en los últimos días, y que con seguridad continuarán haciéndolo durante este proceso de discusión.
Vamos a hablar de la enseñanza. ¿Cuál fue el punto de partida de este gobierno en esta materia? En este marco, ha habido un proceso de enorme deterioro en la educación pública, y se llega a 2005 con un histórico deterioro edilicio, de las condiciones de trabajo y de los sueldos de funcionarios docentes y no docentes. Esto lo puede afirmar cualquier escribano o escribana de la vida nacional.
En el primer gobierno de Julio María Sanguinetti las inversiones en enseñanza fueron de 3,1%; durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, de 3%; en el segundo gobierno de Sanguinetti, de 3,2%, y en el de Jorge Batlle, de 3,6%. En ese proceso, en 2004 se alcanzaron los salarios docentes más bajos en la historia, producto de identidades en las que la educación no era prioridad. Esto no solo sucedió con los docentes, sino también, como todos sabemos, con los no docentes y con el resto de la población.
Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, en el año 2005, los recursos presupuestales asignados a la educación pública representaban apenas un 3,2% del producto interno bruto, equivalente a una cifra del orden de los US$ 450.000.000 de la época. Desde el inicio, el Frente Amplio puso a la educación en los primeros lugares entre las prioridades presupuestales, de manera que los recursos públicos aplicados en la actualidad ascienden al 4,9% del producto interno bruto actual, una cifra multiplicada por cinco con respecto a lo que teníamos hace once años, cuando asumió el gobierno.
Como indican los datos de la realidad, la dotación presupuestal en materia social en el Uruguay creció muchísimo en estos años y, en particular, como hemos visto, en materia educativa. La incidencia del gasto público en el producto interno bruto creció muchísimo en estos años, y nosotros queremos dar continuidad a esto. Claramente, no puede hacerse una reducción de déficit sin afectar aspectos tributarios o de gasto. El equilibrio de estos objetivos es lo que ha estado en discusión durante toda esta etapa y seguirá estándolo hasta que termine el tratamiento parlamentario de la rendición de cuentas, porque al Parlamento de la República compete tener opinión al respecto, enmarcar esta discusión y expedirse sobre esta propuesta.
Desde el inicio del debate entendimos  así lo discutimos en nuestra bancada , en forma mayoritaria, que el ar¬tículo 6º, tal como venía, no daba suficientes garantías en ese sentido y que necesitábamos blindar algunos componentes del gasto educativo, en particular. En ese sentido avanzamos. La propuesta que hoy está sobre la mesa nos permite preservar a la Universidad de la República de cualquier recorte. Hay que decir que todos los rubros de la Universidad comprendidos en los incrementales previstos en el presupuesto están protegidos por esta propuesta. Además, está dicho a texto expreso que no puede reasignarse desde ese Inciso. Lo mismo se establece para los rubros de la UTEC, con las partidas previstas para el Hospital de Clínicas.
Hay disposiciones referidas a fondos no ejecutados de la ANEP que permiten resolver los aspectos del incremental del gasto público en educación previsto para 2017, que el propio organismo señaló como los más sensibles, y tienen que ver con las prioridades que nos marcamos cuando votamos aquellos incrementales. La discusión en torno a los incrementales tuvo como epicentro la bancada de Gobierno y el debate parlamentario, y marcó prioridades en las que estamos trabajando, a fin de preservar y garantizar esta rendición de cuentas. Por eso, los aspectos vinculados con la ANEP, que están preservados en este proyecto y se pretenden fortalecer, tienen que ver con la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras, con la política de tiempo extendido y con becas estudiantiles, otra prioridad que también nos hemos marcado.
Indudablemente, el trabajo de la bancada de diputados del Frente Amplio estuvo orientado a evitar cualquier afectación de componentes del gasto educativo. Llegamos a esta propuesta después de un intenso proceso de discusión  hablábamos de esto al principio y todos lo hemos visto en estos días y en estas horas , de buscar aproximaciones, acercamientos y de acordar con el Poder Ejecutivo y con la expresión que nuestra fuerza política tiene en distintos ámbitos del Estado, ya que somos la bancada de Gobierno y necesitamos buscar equilibrios.
El debate no termina en la Cámara de Representantes; va a continuar en el Senado. Creemos que esta es una muy buena propuesta de salida de esta instancia de debate, que nos permite avanzar mucho respecto a los objetivos planteados. La mayor parte del gasto educativo incremental de 2017 está blindada con esta propuesta. Se seguirá trabajando, por ejemplo, con respecto a lo que se encomienda al Poder Ejecutivo. Si en lo que queda del debate parlamentario se encuentran alternativas de reasignación de recursos a la interna del presupuesto que permitieran reducir el espacio que se deja librado al análisis del Poder Ejecutivo sobre el gasto, se definirán. De lo contrario, el Poder Ejecutivo tiene elementos de conocimiento del gasto público y de su dinámica que le permitirán tomar decisiones, teniendo absolutamente claro qué aspectos del gasto el Parlamento no está dispuesto a afectar.
Ese es el contenido esencialmente político del proceso y de la resolución que encontramos. Nos parece que sería muy importante que el Parlamento pudiera dar respuesta a las reivindicaciones que se han planteado  muy justas y atendibles  respecto a los rubros de la Universidad de la República y de la UTEC, que también está protegida, y que permite a la ANEP seguir adelante con las políticas prioritarias en el marco de los incrementales del gasto.
Nosotros discutimos la afectación del gasto en función de los incrementales aprobados el año pasado, que referían principalmente al gasto social, por una razón evidente: la prioridad que da el Frente Amplio y su gobierno a ese tema. Es decir que al discutir sobre incrementales estábamos hablando básicamente de gasto social.
El ar¬tículo sustitutivo del ar¬tículo 6°, tal cual está planteado, da la posibilidad de que las reasignaciones que puedan solventar parte de las excepciones que se están incorporando, que son de gasto social y gasto educativo, se financien con otro tipo de rubros. Estamos abriendo la línea de base para poder financiar esta redistribución. No estamos hablando solo de los incrementales sino de la línea de base en términos conceptuales. Eso nos permite un mayor espacio de discusión que nos saca del marco del gasto social y educativo para discutir la posibilidad de reducir el déficit y replantear el esquema del gasto público en función de ese objetivo, preservando también estos otros objetivos fundamentales.
En estos días  a partir de mañana, seguramente , exploraremos y analizaremos ar¬tículo por ar¬tículo, haciendo un recorrido de ellos, realizando argumentaciones y presentando la defensa de toda la normativa.
Queremos manifestar los aspectos de la enseñanza, los tributarios y, naturalmente, los políticos, que son datos de la realidad por todo lo que se ha venido diciendo y se sigue diciendo, con un debate natural que se origina en estos procesos de análisis de rendiciones de cuentas. Por eso, consideramos que este sustitutivo para el ar¬tículo 6º que promovió el Frente Amplio es una muy buena propuesta y un avance sustantivo en la discusión parlamentaria que, en caso de ser aprobada, expresa una clara voluntad de esta Cámara de preservar los gastos. Se abre la línea de base y el debate continuará en el Senado, ya que en esta Cámara la discusión no puede continuar por los plazos constitucionales que mencionábamos hoy.
Estimamos que esta propuesta de rendición de cuentas, con las correcciones establecidas en general  solo hablé de una parte de ellas y con la comentada modificación del ar¬tículo 6º que estuvo en cuestión todos estos días , será aprobada en esta Cámara y seguirá en consideración en el Senado. Confiamos en el análisis certero que la mayoría de los señores legisladores estará haciendo.
Hemos terminado, señor presidente.
Muchas gracias.