Susana Pereyra  

DESALOJOS COLECTIVOS Y RÉGIMEN DE PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS QUINQUENALES

12/12/2017

Intervención en Sala – Proyecto de desalojo

“Durante los gobiernos frenteamplistas se ha trabajado y aún se trabaja, desde distintas perspectivas, sobre la temática de vivienda y fundamentalmente sobre el acceso y la permanencia en la vivienda; las políticas destinadas a facilitar el acceso y la permanencia son un objetivo estratégico, por los efectos económicos y por la relevancia en materia de cohesión social que conllevan.
El desarrollo e instrumentación implican necesariamente el diseño de un conjunto de herramientas legales, entre las cuales este Proyecto de Ley se incluiría.
Es preocupación del Estado, ante situaciones de Desalojos Colectivos, tener estas herramientas legales que brinden garantías tanto a ocupantes como a propietarios. Se trata de una situación compleja con todo tipo de variantes, y variables: no es lo mismo un desalojo individual, que uno colectivo. El Estado debe reconocer esta realidad y buscar soluciones, amparar a los ocupantes y dar garantías a los propietarios.
La población objetivo de este Proyecto de Ley, son colectivos que se encuentran ocupando de forma precaria el o un conjunto de inmuebles, que conforman un mismo asentamiento o edificio, desde el plazo de 24 meses. Determina así de forma concreta quiénes y los plazos a cumplirse para acceder a este recurso.
Esta ocupación no es solo espacial, pues pone al descubierto situaciones de abandono y/o negligencia por parte de los propietarios, los cuales están incumpliendo el artículo 37° de la Ley N° 18.308, donde se expresan claramente los deberes generales relativos a la propiedad inmueble. Se debe usar la propiedad para los fines concretos previstos y permitidos por los instrumentos de ordenamiento territorial. Se debe conservar y mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad, realizando las obras oportunas que sean necesarias y las que determine el Gobierno Departamental correspondiente. También se debe cuidar y resguardar la propiedad frente a situaciones de un uso productivo inapropiado, así como de intrusiones de terceros.
En el capítulo de modificaciones al régimen de prescripciones adquisitivas, apuntan a hacer más fácil su aplicabilidad y (más) amplia la variedad de inmuebles en los cuales aplicarse.

CAPÍTULO I. DESALOJOS COLECTIVOS

En el artículo 1º se define el concepto de Desalojos Colectivos como: “aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble...”; el artículo 2º establece el ámbito de aplicación, donde este procedimiento solo se utilizará sobre inmuebles ocupados en forma precaria y en un plazo mínimo de veinticuatro meses sin que el propietario hubiera realizado acciones judiciales, incurriendo así en el incumplimiento del artículo 37º de la Ley de Ordenamiento Territorial. Se entiende por ocupación precaria: la tenencia de un inmueble sin previo contrato por ignorancia o desinterés por parte del propietario.
En el artículo 3º se aclara que para la determinación del plazo de una ocupación precaria, se considerarán los veinticuatro meses previos a la entrada en vigencia de esta ley.
El artículo 4º establece que el proceso de Desalojo Colectivo es regulado por el Código General del Proceso y competencia de los Juzgados de Paz.
En el artículo 5º se da lugar a la inspección ocular, que cualquiera de las partes puede solicitar, a los efectos de determinar el número de núcleos familiares que habiten en dicho inmueble.
Según el artículo 6° se comprende por núcleo familiar al grupo de personas que están vinculadas o no por lazos de parentesco.
El artículo 7° define el proyecto de uso del o los inmuebles, es decir, con la presentación de una demanda colectiva de desalojo se debe presentar y acreditar un proyecto de destino para el o los inmuebles, buscando que los inmuebles no sean nuevamente abandonados u objeto de ocupaciones. Si no se acredita de forma apropiada el uso que se le dará en el futuro al inmueble una vez desalojado, no se podrá dictar sentencia y los ocupantes podrán permanecer en el mismo. El juez en la sentencia definitiva dará un plazo para acreditar la realización del proyecto, y de no cumplirse, se le aplicará el artículo 374 del Código General del Proceso.
Los mismos requisitos se solicitarán en los procesos reivindicatorios, posesorios y todos aquellos procesos que sean sobre recuperación o toma de posesión de inmuebles ocupados colectivamente, siempre que éstos cumplan con lo redactado en el artículo 2° de este proyecto de ley.
El artículo 8° establece que al iniciarse un juicio de Desalojo Colectivo, el juez deberá informar al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Vivienda y el respectivo Gobierno Departamental.
En el artículo 9° se define la fecha de lanzamiento de ocupantes hasta pasado un año a contar desde la fecha en que el desalojo quedó ejecutoriado; lo mismo en el plazo para los procesos reivindicativos, posesorios, etc., ocupados colectivamente, siempre que cumplan con el artículo 2° de este proyecto de ley.

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE INMUEBLES

En el artículo 10° se modifica el artículo 65° de la Ley N° 18.308, en sus modificaciones por los artículos 285° y 289° de la Ley N° 19.149 de octubre de 2013; lo más importante de esta modificación es que: “Podrán adquirirse a través de las disposiciones de este artículo, predios o edificios con una superficie habitable necesaria para cumplir el fin habitacional básico conforme a los criterios dispuestos por los artículos 12, 14, 18 literal A) y 19 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968, hasta un máximo de trescientos metros cuadrados”, lo cual anteriormente no podía realizarse.
El artículo 11° sustituye al artículo 284° de la ley N° 19.149, por el siguiente: “ARTÍCULO 284. - Le compete a la Intendencia Departamental, informar si el predio cuya prescripción adquisitiva se pretende, tiene la aptitud de ser urbanizado.
Si el informe no se presentara con la demanda de prescripción, el Juez de la causa lo solicitará a la Intendencia Departamental, la que deberá pronunciarse en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de considerarse el predio con aptitud de ser urbanizado.
Se consideran terrenos con la aptitud de ser urbanizados aquellos predios que se encuentren dotados o que en ausencia de ello, sea viable que se doten en el futuro de redes de agua potable, drenaje de aguas pluviales, red vial pavimentada, evacuación de aguas servidas, energía eléctrica y alumbrado público”.
Donde los cambios más relevantes son: que ya no es necesario un plan de obras por parte de los Gobiernos Departamentales, y estos tienen un plazo de 90 días para pronunciarse sobre si el terreno es plausible de ser urbanizado. Además, en el último párrafo, se amplían las posibilidades para que un terreno sea considerado urbanizable.
En el artículo 12° se sustituye el artículo 286° de la Ley N° 19.149, por el siguiente: “ARTÍCULO 286. - En los procesos de prescripción colectiva de predios que sean parte de un inmueble, a que refiere el inciso cuarto del artículo 65 de la Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, los solicitantes deberán presentar un proyecto de fraccionamiento aprobado por la Intendencia Departamental.
El proyecto de fraccionamiento deberá identificar las parcelas que prescribirán a favor de cada solicitante y determinar las áreas necesarias para las infraestructuras, servicios y espacios públicos, que pasarán de pleno derecho a favor de la Intendencia Departamental una vez que se haya efectuado el correspondiente fraccionamiento del padrón en mayor área y el empadronamiento de cada una de las parcelas cuya prescripción se declare.
En estos casos, cada solicitante deberá acreditar la posesión de un predio que sea parte del inmueble cuya declaración de prescripción se solicita, sin importar que dicho predio no coincida en ubicación o dimensión, con la parcela que se le asigna en el proyecto de urbanización.
Cuando un solicitante no logre acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la declaratoria de prescripción, continuará su posesión en la parcela que le fuera asignada en el proyecto de urbanización.”
En el primer y segundo párrafo (en relación con el artículo original) se cambia el concepto de proyecto de urbanización, por uno más simple que es el de fraccionamiento.
Un proyecto de urbanización es una propuesta en detalle que indica la distribución espacial de las calles y plazas, así como las zonas verdes; también define cómo se estructurarán todos los servicios. Por su parte, el proyecto de fraccionamiento identifica las parcelas y áreas necesarias para los servicios, los cuales son circunscripción departamental; es más sencillo y son necesarios menos tiempos y costos.
El artículo 13° sustituye el artículo 288° de la Ley N° 19.149 por el siguiente: “ARTÍCULO 288. - A efectos de acreditar la condición de no ser propietarios de inmuebles, a que refiere el inciso primero del artículo 65 de la Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008, el solicitante y cada integrante mayor de edad y capaz de su núcleo familiar, deberán adjuntar a la demanda una declaración jurada, de no ser propietarios de inmuebles.
La presentación de la declaración jurada será prueba suficiente de la condición de no propietarios de inmuebles, salvo prueba documental en contrario”.
Este artículo hace más accesible a los interesados y autoridades actuantes la verificación de que los miembros del núcleo familiar interesado (los procesos reivindicativos, posesorios, etc., ocupados colectivamente, siempre que cumplan con el artículo 2° de este proyecto de ley) no son titulares de derecho de dominio respecto de un bien inmueble, ya que la presentación de la declaración jurada es suficiente”.