Bettiana Díaz  

De Cincuentones y otras yerbas...

07/11/2017

En estos últimos meses, tenemos instalado un debate sobre nuestra seguridad social, el que viene de la mano del colectivo denominado “Cincuentones”, en este artículo trataré de hacer un abordaje a la problemática puntual que se viene generando desde hace varios años.

Desde muy chica pertenezco a la clase trabajadora y conozco de primera mano las vicisitudes, carencias y los reclamos genuinos que se presentan. Es por eso que no dudé ni por un segundo en unirme a la causa sindical para pelear con aquellos que buscan condiciones de trabajo más justas.
Ahora me toca representar y dar lo mejor de mí para viabilizar las demandas de ese colectivo de trabajadores que necesita respuestas honestas y urgentes.

El artículo 22 la Declaración Universal de Derechos Humanos introduce tempranamente el concepto de seguridad social asociado a un derecho fundamental y define claramente el rol garante  del Estado.

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

La seguridad social surge como una necesidad humana y colectiva para preservar el acceso a la salud  y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad con respecto a posibles pérdidas en el ingreso relacionadas con el empleo, la vejez, situaciones de enfermedad o discapacidad, que históricamente han funcionado financiándose de forma solidaria.

Uruguay es un país pionero en América Latina en lo que refiere a seguridad social. Antes de la reforma de 1995, nuestro modelo se caracterizó, por los principios de solidaridad intergeneracional y capitalización colectiva con una fuerte orientación redistributiva.
A grandes rasgos, la financiación funcionaba de forma tripartita con los aportes de obreros, patrones y Estado.

Debemos reconocer que en esta historia hay desde sus inicios situaciones de privilegio sin ser cuestionadas por ninguna de las reformas de la seguridad social, algunas se mantienen hasta hoy, ejemplo claro es el caso de la Caja Militar.

En los inicios de la década de los noventa, la seguridad social junto al resto de las políticas públicas afrontaban un escenario bien complejo que ponía en el centro del debate el financiamiento. Uruguay, sin quedarse ajeno a la tendencia demográfica mundial, aumentaba la esperanza de vida al nacer pero también registraba bajos niveles de reemplazo poblacional. Esto, agudizaba la crisis de la sustentabilidad del sistema de solidaridad intergeneracional y daba luz verde a los impulsos privatizadores.

El avance del discurso neoliberal problematizaba el rol del Estado, en su capacidad para administrar beneficios sociales sin ahondar en la fuerte desregulación y flexibilización del mercado laboral y los altos niveles de evasión de aportes a la seguridad social por parte de los empleadores.

Paradójicamente, luego de que uruguayas y uruguayos se pronunciaran contra la privatización de las empresas públicas, una gran parte del sistema político logra acuerdos para reformar la seguridad social recortando la posibilidad de la participación social en ella e introduce la administración por parte de empresas privadas de fondos de retiro.

Es así, que con la reforma promulgada en la ley 16.713 en 1995, Uruguay cambia de una seguridad social con orientación al reparto, a un sistema mixto que combina reparto y ahorro individual, dejando excluidas nuevamentes a las cajas paraestatales, la Caja Policial y la Militar.

Julio María Sanguinetti la llamó “la madre de todas las batallas posibles de reforma del Estado” y es al día de hoy, que vemos sus carencias reflejadas directamente en miles de trabajadores que ven su futuro ingreso previsional, resentido y con una gran incertidumbre.

Finalmente, durante el 2017 el Poder Ejecutivo, presentó al Parlamento un proyecto de ley que recoge el reclamo de la sociedad civil organizada, esa misma a la que en la implementación de la reforma del 96 el gobierno de coalición de blancos y colorados excluyó.

Está en estudio y con plazo definido para la media sanción en la Cámara de Diputados una solución de reparo a miles y miles de trabajadores que se afiliaron en 1996, en forma obligatoria a las AFAP.

Se llega a este proyecto de ley con un gran acuerdo social en la lucha contra una situación de injusticia, con el movimiento de “los cincuentones” en la calle, golpeando puertas de despachos para poder hacernos llegar su plataforma y organizando movilizaciones en vigilia con frío, sol y lluvia mientras la Comisión integrada de Hacienda y Seguridad Social es visitada por todos aquellos actores institucionales que enriquecen la discusión.

Parte de la oposición mantuvo durante mucho tiempo una defensa cerrada sobre el régimen mixto y sus beneficios (los que a la vista, no están), sin generar una solución real para estos trabajadores. 

Hoy, mientras que la bancada oficialista construye soluciones “saca la pata del lazo” y se presenta como la llave que habilita, finalmente, la posibilidad de resolución a esta problemática que hace 20 años impulsaban sin escuchar a los diferentes actores que avizoraban un futuro incierto.

Asumimos grandes costos a futuro, grandes costos para y con el pueblo. Sin dudas el más importante: el de seguir combatiendo situaciones de injusticia reafirmando nuestro compromiso con la gente.

El proyecto tiene fecha de ingreso el 5 de diciembre al pleno de la Cámara de Representantes. Será aprobado por la renovada mayoría parlamentaria del Frente Amplio y cumpliremos con el compromiso que asumimos, con los afectados por el régimen de las AFAP’s.
Como gobierno, asumimos continuamente el costo de nuestras acciones en defensa de las mayorías y cualquier injusticia que afecte a los uruguayos.

Somos una fuerza política plural, con voces diversas y hasta contradictorias por momentos, pero al momento de mirar por la gente, recordamos la base, nuestro objetivo común, nuestro proyecto de país. Ese que han soñado tantos compañeros que han quedado por el camino, los que están y los que vienen.
“¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡Salú, Frente Amplio!